México recurrió a una Corte de Estados Unidos para demandar a fabricantes de armas a los que acusa de negligencia y propiciar un tráfico ilegal.
El gobierno de México debe establecer protocolos para la venta de armas, pues en la actualidad no existe control ni información fidedigna sobre a quién se le están comercializando armas, dijo Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
“Resulta que cuando se comete un delito de alto impacto, como lo es el homicidio, al llegar a la fiscalía a realizar el aseguramiento al lugar de los hechos, estas armas se tienen identificadas que provienen desafortunadamente del vecino país del norte”, dijo Sapién Santos en entrevista para Yo Influyo.
El experto explicó que los protocolos que debe implementar el gobierno para evitar el tráfico de armas de fuego son establecer políticas de fiscalización más duras en las aduanas de nuestro país; crear filtros que detecten las piezas de armas de fuego que van ingresándose, ya estando dentro del territorio nacional se procede a recolectar estas piezas para posteriormente armar las armas de fuego, que luego son utilizadas por el crimen organizado.
Así como cerrar las rutas que siguen existiendo para el tráfico de drogas que corre por las fronteras, especialmente por la frontera norte del país, ya que este transporte que ingresan al país vecino con la droga regresan con cargamentos de armamento ilegal que se pone a la venta de los cárteles.
Raúl Sapién resaltó que el gobierno federal debe estar trabajando en una política pública para recuperar el Estado de derecho que ha sido pisoteado, que está totalmente en desuso y demeritado en los últimos años.
“Se tiene que cerrar la llave de financiamiento económico a estas organizaciones criminales que son pieza básica para cerrar el tráfico de armas a nuestro país”, destacó.
Luego de que, en agosto pasado, el gobierno de México recurrió a una Corte de Estados Unidos para demandar a fabricantes de armas a los que acusa de negligencia y propiciar un tráfico ilegal; entre las empresas demandadas se encuentran Smith & Wesson, Colts Manufacturing y Barrett Firearms, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma que utilizan los cárteles de la droga en México.
Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), indicó que la demanda contra los fabricantes de armas será difícil que prospere, porque en Estados Unidos la industria armamentista está protegida por la Ley Protection of Alfil Commerce in Arms Act (PLCAA), la cual impide que haya demandas frente a este tipo de empresa por daños que hagan sus productos, además de que los delitos que se comenten con armas en México son ejecutados por mexicanos.
Sin embargo, Pérez Ricart consideró que la demanda podría generar que las empresas modifiquen la forma en que distribuyen sus armas, lo que ayudaría a alinear incentivos entre los grupos de activistas en México.
Te puede interesar: Ante la escasez de talento en TIC, formarán a jóvenes para empleos del futuro
