El derecho a la libertad de expresión es parte fundamental para el ejercicio democrático y de convivencia social y también el ejercicio de comunicación, pues es una práctica de gobernanza.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) refrendó su compromiso con la libertad de expresión y con la protección de las personas periodistas del país, quienes son agredidas, amenazadas, desplazadas o asesinadas.
Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la FMOPDH, dijo que cuando se ataca a los periodistas además de estar en peligro su vida e integridad, está en peligro el derecho de todos a la información.
Al encabezar el Conservatorio: “Participación de los organismos defensores de derechos humanos en la protección de la libertad de expresión a través del Mecanismo”, realizado en el marco del LV Congreso Nacional de la FMOPDH, Ramírez Hernández explicó que el derecho a la libertad de expresión es parte fundamental para el ejercicio democrático y de convivencia social, por lo tanto debe defender la vida y también el ejercicio de comunicación, pues es una práctica de gobernanza.
Informó que del periodo 2015 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha ofrecido 400 servicios de protección, de los cuales 180 son básicamente dirigidos a periodistas.
Resaltó que la capital del país no es, por mucho, el principal escenario fatídico de violencia contra las y los periodistas, sino que su principal actuación tiene que ver con el fenómeno de desplazamiento forzado.
“La Ciudad de México es el mejor lugar donde pueden estar a partir de cuándo están siendo perseguidos o ven en peligro su integridad, su vida y su trabajo”, afirmó la ombudsperson capitalina.
Por su parte, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, denunció que los cacicazgos son los que generan un riesgo mayor para los periodistas en la región oaxaqueña.
Informó que del 2012 a la fecha, 19 personas periodistas han sido asesinadas en el estado de Oaxaca. Y la defensoría a su cargo, agregó, del 2015 a la fecha tiene 300 expedientes abiertos por agresiones al gremio periodístico.
Rodríguez Alamilla reconoció que en Oaxaca el nivel de agresiones a personas periodistas es mayor, por lo que se pronunció por identificar cacicazgos, reconocer la presencia del crimen organizado como riesgo y aplicar protocolos para la protección de comunicadores.
A su vez, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Namiko Matsumoto Benítez, informó que en los últimos dos años la Comisión a su cargo ha abierto 11 quejas que involucran derechos de personas periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión.
La ombudsperson de Veracruz indicó que las autoridades señaladas en las 11 quejas son del ayuntamiento, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. La mayoría de los casos tiene que ver con restricciones ilegítimas a su labor, agresiones o retardos en la integración de las carpetas de investigación.
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