La Procuraduría General de la República lamentó la decisión del tribunal y dijo no compartir el sentido del fallo.
Por considerar que la investigación de la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, este lunes el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa ordenó la creación de la Comisión de la Verdad.
“Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”.
Esta comisión, de acuerdo a la orden judicial, estaría conformada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, aunque este último no podría definir las líneas de investigación.
La Procuraduría General de la República lamentó la decisión del tribunal y dijo no compartir el sentido del fallo.
No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”, informó la dependencia en un comunicado.
Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, evitó pronunciarse sobre la decisión judicial; sin embargo, aseguró que es consecuencia de la falta de una fiscalía independiente en el país.
“Más allá de la opinión que se tenga sobre el ‘Caso Ayotzinapa’, la resolución del Poder Judicial de la Federación deja evidencia de la inaplazable necesidad, de que México cuente con una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz” aseguró en redes sociales.
En esto coincidieron los defensores de los familiares de los 43 desaparecidos. En un comunicado, El Centro Prodh, Serapaz, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y Fundar, aseguran que la falta de una fiscalía independiente se evidencia en la parcialidad con la que actuó la PGR, lo que provocó múltiples irregularidades durante la investigación.
“La sentencia también insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía; por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
“Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”, señalaron.
