El organismo de la ONU señaló la necesidad de investigar y sancionar de inmediato todos los hechos vinculados con probables casos de violencia sexual.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un llamado al estado mexicano, a través de los gobiernos federales, estatales y municipales a tomar las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente el abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, conforme a las normas internacionales y nacionales de derechos humanos.
Tras haber estudiado recientemente el informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), Unicef indicó que al menos en siete estados de la República Mexicana operan grupos dedicados a la explotación sexual infantil organizada dentro de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia, lo cual revela un profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la falta de mecanismos amigables de acceso a la justicia, detección oportuna y atención integral de la violencia sexual infantil y trata de personas en las escuelas.
El informe de la ODI resaltó que todas las niñas y niños identificados requieren la inmediata intervención de las autoridades para garantizar su recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus derechos, sin discriminación de ningún tipo y a través de una atención basada en su edad, género y cualquier otra circunstancia.
Unicef coincide con la declaración del presidente de la República al señalar la necesidad de investigar y sancionar de inmediato todos los hechos vinculados con probables casos de violencia sexual.
Subrayó que para revertir esta situación el país debe realizar además una reforma legal para homologar los delitos relacionados con violencia sexual entre las entidades federativas y estandarizar los mecanismos de denuncia, detección y atención de la violencia en todas las escuelas.
Por último, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló la importancia de escuchar a las y los afectados, proporcionarles toda la información necesaria en cada etapa de los procedimientos y acciones a realizarse para atenderlos y restituir sus derechos, proteger su privacidad y resguardar su identidad ante cualquier circunstancia.
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