Sólo los Semefos de Ciudad de México, Jalisco y Tamaulipas habían utilizado el padrón de huellas dactilares del INE en sus procesos de identificación de personas desaparecidas.
México atraviesa por una crisis forense por las altas tasas de homicidio, cuerpos sin identificar y fosas clandestinas, lo que ha generado una gran carga de trabajo en los servicios periciales, pues los Semefos no han digitalizado sus procedimientos de obtención de huellas dactilares como lo hace el INE, señaló Diego García Ricci, coordinador de la Especialidad de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad Iberoamericana.
El especialista dijo que hace falta desarrollar infraestructura informática para facilitar los cruces de información y que el padrón de datos personales del Instituto Nacional Electoral (INE) no fue pensado con perspectiva forense. Aunque este podría ser de mucha utilidad para solucionar la crisis forense por la que atraviesa México y poder identificar restos humanos de forma masiva.
Durante una videocolumna publicada en el canal de YouTube de la División de Investigación y Posgrado, García Ricci dijo que en México hay aproximadamente 80 mil personas desaparecidas y 39 mil cuerpos sin identificar. “Las cifras crecen a diario. El homicidio doloso y las fosas clandestinas también van en aumento”, indicó.
Datos del “Análisis Jurídico en Materia de Intercambio de Datos Personales con Fines de Identificación Humana” indican que, hasta agosto de 2020, sólo los Servicios Médicos Forenses (Semefos) de Ciudad de México, Jalisco y Tamaulipas habían utilizado el padrón de huellas dactilares del INE en sus procesos de identificación de personas desaparecidas.
El especialista en privacidad y protección de datos personales mencionó que otras entidades por omisión o por desconocimiento, por indiferencia o por ausencia de voluntad no cotejan información biométrica con el padrón del INE, aunque desde el 2016 existe un convenio signado entre el Instituto, Semefos, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y fiscalías generales de justicia que permite regular el intercambio de los datos biométricos, de las huellas ad mortem y post mortem.
“La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es consistente con las leyes de protección de datos personales, la ley tiene amplias facultades para poder cotejar datos entre instituciones públicas y privadas. Entonces, el obstáculo no es legal”, concluyó el investigador de la Ibero.
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