A nivel estatal se han instalado 27 de las 32 comisiones y apenas 10 de ellas integran su información al Renavi.
A 13 años de haber implementado la reforma penal, sólo se reparó el daño al 0.30 por ciento de las víctimas representadas en el proceso penal. Por lo que el Estado, como responsable subsidiario, tiene una deuda con el derecho a la reparación integral de las víctimas.
En el marco de la mesa de análisis: ¿Cómo garantizar la igualdad para las víctimas? Organizado por México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann en la que indicaron la urgencia de fortalecer a las instituciones para lograr una mejora calidad en la justicia.
Tan sólo, durante 2020, sólo 597 víctimas fueron beneficiadas por proyectos de dictamen para la ayuda o reparación por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Chrístel Rosales, investigadora de México Evalúa, señaló que el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) no refleja la información de las víctimas de todo el país, lo que menoscaba el ejercicio de sus derechos, porque carecen del reconocimiento necesario para acceder a la asistencia jurídica y a las medidas de ayuda y asistencia.
A nivel estatal se han instalado 27 de las 32 comisiones y apenas 10 de ellas integran su información al Renavi, por lo que las víctimas de las entidades que no son registradas podrían estar quedando fuera de las medidas de ayuda, asistencia y reparación del daño.
Además de que las comisiones estatales cuentan con mil 256 asesores jurídicos, lo que representa una tasa de 1.3 asesoras o asesores por cada 100 mil habitantes. Cada uno representa en promedio a 152 víctimas; sin embargo, en estados como Sonora o Veracruz existe una mayor carga de trabajo, con 379 y 382 representados por asesor jurídico en los procesos penales.
México Evalúa detectó que las víctimas no siempre son escuchadas por los ministerios públicos; que se les obstaculiza su reconocimiento; que los servicios de atención médica y psicológica no siempre ofrecen; que no existen vías de acceso expeditas y diferenciadas para la reparación del daño y que las medidas de protección y resguardo de las víctimas son deficientes.
Ante esta situación, la organización hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a garantizar que las comisiones de atención a víctimas tengan personal suficiente y profesionalizado; recursos presupuestales suficientes; modelo de atención a víctimas para darles la atención digna y correspondiente a sus necesidades e intereses; acceso a las investigaciones y posibilidad para desarrollar su propia investigación y condiciones para el desarrollo y acompañar el litigio.
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