Hay muchas razones para invertir en la protección social universal, pero la eliminación del trabajo infantil tiene que ser una de las más convincentes, dado su pernicioso impacto sobre los derechos y el bienestar de los niños: OIT.
En la actualidad, 160 millones de niños en el mundo, casi uno de cada 10, se encuentran en situación de trabajo infantil, algunos de ellos cuentan con tan sólo cinco años, y prácticamente la mitad de ellos realizan actividades peligrosas que podrían causarles daños físicos y emocionales, destaca un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Esto es moralmente inaceptable y traduce una visión estratégica de corto plazo. Los niños que permanecen en la escuela y no trabajan tienen más posibilidades de desarrollar plenamente su propio potencial, y contribuir así a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y apoyar el crecimiento económico sostenible”, asegura el estudio.
De acuerdo al documento “El papel de la protección social en la eliminación del trabajo infantil: Examen de datos empíricos y repercusiones políticas”, realizado con base en una serie de estudios que datan desde el año 2010, muestran cómo la protección social ha ayudado a las familias a hacer frente a las crisis económicas o de salud y con ello también se ha reducido el trabajo infantil además de facilitar la escolarización de los pequeños.
A pesar de los beneficios observados al apoyar con programas sociales a los infantes, el análisis resalta que el avance para garantizar que todos los niños disfruten de la protección social es muy poco, pues en todo el mundo alrededor de mil 500 millones de niños de entre 0 y 14 años, el 73.6 por ciento de infantes en el orbe no reciben ninguna prestación familiar o infantil en efectivo. Esta gran brecha de protección debe cerrarse y cerrarse rápidamente.
“Hay muchas razones para invertir en la protección social universal, pero la eliminación del trabajo infantil tiene que ser una de las más convincentes, dado su pernicioso impacto sobre los derechos y el bienestar de los niños”, enfatizó Guy Ryder, director general de la OIT.
El análisis también destaca que los gobiernos pueden desplegar una serie de medidas para promover la protección social. Asimismo, advierte que “si los responsables políticos no actúan con decisión, la pandemia de COVID-19, los conflictos actuales, el aumento de la pobreza y el cambio climático no harán sino aumentar la prevalencia del trabajo infantil”.
De acuerdo al estudio, más de 160 millones de niños en todo el mundo, uno de cada 10 de entre cinco y 17 años, siguen trabajando y el progreso se ha estancado desde 2016. Estas tendencias estaban presentes incluso antes de la crisis de COVID-19.
No obstante, alerta que sin estrategias de mitigación el número de niños en situación de trabajo infantil podría aumentar en 8.9 millones para finales de 2022, debido en gran parte al aumento de la pobreza en el mundo.
Entre las sugerencias que señala el informe para fortalecer los sistemas de protección social a fin de prevenir y eliminar el trabajo infantil, considera que debe darse prioridad a las prestaciones por hijos, así como ampliar la protección social a los dos mil millones de trabajadores de la economía informal, apoyando así su transición de la economía informal a la formal.
Además, plantea si los países cuentan con un sistema de protección social que ofrezca prestaciones adecuadas a lo largo de todo el ciclo vital, desde las prestaciones infantiles y familiares, las de maternidad y desempleo hasta las pensiones de jubilación, así como la protección sanitaria será más fácil reducir el trabajo infantil.
También propone implementar prestaciones infantiles y familiares que lleguen a todos los hogares con niños, especialmente a los que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Facilitar que los cuidadores reciban sus prestaciones de protección social simplificando los procedimientos de registro y ofreciendo diferentes mecanismos de pago de las prestaciones, y complementar los programas de protección social con una mayor inversión en educación básica universal de calidad y otros servicios sociales vitales para los niños.
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