De cumplirse esta decisión, “se concretaría uno de los más graves retrocesos en materia de garantía y respeto a los derechos conquistados por las infancias en México”.
Más de un centenar de organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazaron la pretensión del gobierno federal de desmantelar el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
A través de un pronunciamiento, firmado por 127 organizaciones – entre ellas la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)- y 107 expertos, se recordó que la creación del Sipinna responde a recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, así como a la Constitución, que en su artículo cuarto establece la obligación de todas las autoridades del Estado a garantizar el interés superior de la niñez en todas las políticas públicas.
Una reciente iniciativa propone que la Secretaría Ejecutiva sea absorbida por el Sistema Nacional DIF, que depende de la Secretaría de Salud y la cual carece de las capacidades operativas, técnicas y de enfoque de derechos para cumplir con las funciones del actual Sipinna.
“Queremos recordarle al Estado y a sus autoridades que tienen la obligación de velar por el cumplimiento del principio de progresividad y no regresividad de derechos, establecidos en el artículo primero constitucional”, apuntaron los firmantes.
Las organizaciones consideraron que, de cumplirse esta decisión, “se concretaría uno de los más graves retrocesos en materia de garantía y respeto a los derechos conquistados por las infancias en México”.
Señalaron que la intención de desaparecer el Sipinna se plasma en dos iniciativas de reformas legislativas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Indicaron que el Sipinna “ es la instancia encargada de velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México, así como de coordinar las acciones de la política nacional encaminada a la garantía, protección, promoción y respeto de sus derechos, siendo concebido como el mecanismo eficaz para incorporar el pleno derecho de las infancias en la acción del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, en la perspectiva contraria a la idea de que una sola institución basta para hacerse cargo de un tercio de la población”, expresaron en el documento.
Para las organizaciones civiles, desconfigurar el Sipinna como sistema rector de la política de infancia es retroceder al menos 30 años que han sido conquistados a favor de la niñez y la adolescencia en México, pues minimiza las acciones encaminadas a la protección integral de esa población.
“Al cambiar la naturaleza de la coordinación de este y acabar con la capacidad operativa del órgano encargado de su coordinación, dejando su trabajo a una institución cuya labor e importancia es específica, pero no está diseñada ni tiene la capacidad para cumplir con ella bajo el estándar indicado por la propia Convención de Derechos del Niño”, resaltaron.
Las diversas organizaciones llamaron a la Secretaría Ejecutiva a continuar con su rol de articulación de políticas de Estado, pues “la labor del Sipinna va más allá de la asistencia social y de la restitución de derechos”.
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