Los expertos llamaron a garantizar las condiciones de autonomía para las defensorías, para que no dependan presupuestalmente de un poder judicial.
A 13 años de la reforma del sistema de justicia penal, el presupuesto para las defensorías públicas es de seis centavos por cada peso que reciben las fiscalías para operar. Además, destinan la mayoría de sus recursos a financiar nóminas o gasto corriente, indicaron expertos.
Durante la mesas de análisis “Igualdad de armas para la defensa penal efectiva”, realizado por la organización México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann, expertos nacionales e internacionales dialogaron sobre los retos que enfrenta el sistema de justicia penal para proveer a las defensorías de los recursos necesarios para ser garantía de efectividad.
Explicaron que en todo proceso penal hay dos partes: una que acusa y otra que defiende al imputado, y que para garantizar el debido proceso debe existir igualdad de armas; es decir, de condiciones y capacidades en ambas partes.
Algunas de las implicaciones operativas de la igualdad de armas para las defensorías públicas son: contar con presupuesto y personal suficiente; tener accesos a servicios periciales y a las carpetas de investigación, así como la capacidad para construir una teoría del caso y desarrollar una investigación. Los expertos coincidieron en que la insuficiencia presupuestal impide que lo anterior se garantice.
“El presupuesto de las defensorías públicas en México se redujo 1.15 por ciento en términos reales en 2020, comparado con 2019”, señaló Enrique Bouchot, investigador del programa de justicia de México Evalúa.
“La mayoría de los esfuerzos para consolidar el sistema de justicia penal acusatorio se han dirigido a las procuradurías y fiscalías. Esto no se ha acompañado de acciones para fortalecer a la parte defensora, la cual enfrenta importantes limitaciones de recursos, lo que pone en riesgo la defensa penal efectiva y la posibilidad de un juicio justo”, apuntó Edna Jaime, directora general de México Evalúa durante el evento.
Otro factor que impide una defensa penal efectiva es la insuficiencia de personal en las defensorías para cubrir la carga de trabajo. En promedio, cada defensor público representa a 163 imputados por año a nivel nacional. Oaxaca es la entidad con mayor carga, con 556 imputados, seguida por la CDMX con 369 imputados.
Ante este contexto, los expertos llamaron a garantizar las condiciones de autonomía para las defensorías, para que no dependan presupuestalmente de un poder judicial ni una entidad del Ejecutivo; así como a dotarlas de presupuesto suficiente y de un plan de profesionalización para los defensores.
“La defensa penal efectiva es el mecanismos que garantiza a todos el acceso a la justicia, sobre todo para quienes no pueden pagar un abogado. Sólo con instituciones independientes, se logrará consolidar un Estado de derecho capaz de garantizar justicia y proteger los derechos humanos de todas y todos”, comentó Siegfried Herzog, director regional de la fundación Friedrich Naumann.
Otro de los temas resaltados durante el encuentro fue el uso de tecnologías, no como un lujo, sino como una base para el buen funcionamiento del sistema de justicia en su conjunto. En México, en muchos casos se carece de lo mínimo, un sistema interconectado que permita a todos los operadores del proceso penal dar seguimiento a los casos, desde la apertura hasta su conclusión.
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