“La promesa de un México en paz se desmorona hacia el fin del sexenio del presidente Peña Nieto, con cifras inéditas de violencia”, aseguró Amnistía Internacional al presentar su informe anual 2017/18 en el que da cuenta del incremento de la violencia y la violación a los derechos humanos en el país.
De manera categórica la organización descalifica la actuación de las autoridades mexicanas al señalar que en el informe que difundió este jueves se “exhibe la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar la seguridad de la población y revertir la grave crisis de derechos humanos”.
Asimismo, subraya que las graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria, existen muy pocos avances para combatir la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones forzadas, y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevadas a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos actos son tolerados.
Por otra parte, la institución aseguró que es crucial que los derechos humanos sean eje fundamental de cualquier proyecto de gobierno, al mismo tiempo exhortó a “que estos sienten las bases de una discusión seria entre candidatas y candidatos que se centre en la realidad compleja que vive el país y la necesidad de soluciones a la crisis de derechos humanos”.
Los puntos débiles
En una relatoría de los hechos que más afectan al país, Amnistía Internacional señaló que mientras la violencia se ha incrementado en todo el territorio nacional, las fuerzas armadas han seguido llevando a cabo las labores habituales de la policía.
Además, continuaron las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos quienes de manera habitual sufrieron ciberataques y vigilancia digital.
A lo largo del año, al menos 12 periodistas murieron violentamente (la cifra más alta registrada desde el año 2000), muchos de ellos en espacios públicos y a la luz del día, y las autoridades no hicieron progresos significativos en la investigación de esas muertes ni en el enjuiciamiento, asegura el informe.
Por otra parte, las detenciones arbitrarias generalizadas siguieron derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Menciona que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, un padrón oficial, indica que siguen sin esclarecerse la suerte o el paradero de 34 mil 656 personas (25 mil 682 hombres y 8 mil 974 mujeres). Las cifras reales -indica- eran más altas, porque el dato oficial excluía los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas.
Otro de los rubros preocupantes de la inseguridad, es el de la violencia contra las mujeres. Menciona que dos tercios de las mujeres han experimentado violencia de género a lo largo de su vida. Además, señala, a pesar de que en 12 estados está implementada la “alerta de violencia de género contra las mujeres”, al finalizar 2017 no se había demostrado que este mecanismo hubiera reducido la violencia contra las mujeres y las niñas.
Finalmente, el informe señala que como consecuencia de los terremotos en septiembre de 2017, los derechos a la vivienda y a la educación. En el análisis se destaca que a pesar de que después de los movimientos telúricos el gobierno aplicó medidas de rescate de sobrevivientes y de atención de emergencia, hubo varios informes que destacaron a inadecuada coordinación entre las distintas autoridades, datos incorrectos y tardíos sobre el rescate y la recuperación de cadáveres.
El informe recuerda que el 6 de octubre, el presidente Peña Nieto pidió a las familias afectadas que se organizaran ellas mismas para reconstruir sus casas.
