México no ha sido pacificado, sino militarizado. La defensa nacional es una labor secundaria del Ejército que ahora crea empresas para administrar aeropuertos, aduanas, puertos y trenes: ONC.
La falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende pacificar al país y la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno, generó que la violencia en el país se mantenga en un estado crítico, pues tan sólo la violencia homicida en 2020 se mantuvo en un máximo histórico, aseguró Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Al dar a conocer el Análisis del comportamiento de delitos en 2020. Enfoque especial en homicidio doloso, Rivas Rodríguez destacó que México no ha sido pacificado, sino militarizado. La defensa nacional es una labor secundaria del Ejército que ahora crea empresas para administrar aeropuertos, aduanas, puertos y trenes. La exoneración del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, es la muestra más clara del poder de las Fuerzas Armadas y del menosprecio del gobierno federal por la justicia.
Por otra parte, advirtió que el recorte presupuestal que han tenido diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos y dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Por ello, recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. El presupuesto, insistió, no debe ser manejado políticamente, además resaltó que “la comunicación de las autoridades debe ser clara y transparente, sustentada en datos y con metodología clara y replicable. Forzar la información no sólo confunde a la ciudadanía, sino que favorece la toma de malas decisiones de política pública”.
La violencia crece
Como parte de los hallazgos del análisis del ONC se destaca que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, así lo reflejan el incremento del 0.7 por ciento en la trata de personas y el crecimiento del 3.7 por ciento de la violencia familiar.
Frente a este aumento, así como de otros delitos, Francisco Rivas recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. El abandono de las políticas de protección de estos, dijo, favorece que sean vulnerables, sobre todo en un contexto de pandemia.
El director general de la ONC consideró difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4 por ciento en números absolutos de las víctimas de homicidios (que equivale a 1.28 por ciento en tasas por 100 mil habitantes) sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal. Este porcentaje, dijo, refiere más bien a la estabilización de la tendencia de homicidios en el punto más alto desde que se tiene registro.
“No se observa alguna política pública específica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa”, señaló.
El análisis del Observatorio indica que la ligera tendencia a la baja se observa a partir del inicio de la pandemia y que marzo fue el mes con más víctimas desde que se tiene registro, que la disminución de la movilidad y de vulnerabilidad de las personas tan solo tuvo un efecto mínimo en el número de víctimas de homicidio. Francisco Rivas dijo que, hasta el pasado noviembre, 2020 seguía siendo el año con más víctimas.
Violencia política
Por otra parte, Francisco Rivas destacó que el proceso electoral que está en marcha “se inserta en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular” y mencionó que entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 en el país se registraron un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.
Ante este escenario recomendó al gobierno federal que más que privilegiar una estrategia de comunicación política que niegue o minimice la falta de seguridad, vele por la contención y prevención tanto de las diversas actividades delictivas como de la violencia política.
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