En el actual proceso electoral la violencia presenta una espiral ascendente que, al 29 de marzo, suma 156 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral, 50 fueron asesinatos, de entre ellos 26 aspirantes. Además, se registraron nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, revela el Segundo Reporte de Violencia electoral del proceso 2023−2024, elaborado por el Laboratorio Electoral.
Debido a la fecha de corte del estudio, no se contabiliza en el mismo los asesinatos de Gisela Gaytán Gutiérrez y Adrián Guerrero Caracheo, candidatos de Morena a la alcaldía de Celaya y a regidor, respectivamente. Considerando estos dos últimos casos, la cifra de crímenes suma 52, siete corresponden a mujeres y 45 a hombres.
Laboratorio Electoral indicó que de acuerdo a sus registros, en 2018 hubo 43 asesinatos relacionados con la violencia electoral, cifra que ya ha sido superada en el actual proceso que al 2 de abril suma 52 crímenes, faltando exactamente dos meses para que se lleven a cabo los comicios.
Asimismo, resalta que la violencia se incrementó 150 por ciento durante enero, febrero y marzo.
Otro de los hallazgos del informe muestra que las entidades con mayor cantidad de casos de violencia asociada a las elecciones son Veracruz, Guerrero y Michoacán; en estas dos últimas ha habido denuncias por parte de partidos políticos y funcionarios públicos en el sentido de que no hay garantías para participar en procesos electorales locales.
Cabe señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un protocolo para brindar servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que así lo solicitaran a la autoridad electoral. De esta manera, el instituto ha recibido 99 solicitudes de protección, de las que ha aprobado 74 y 14 se encuentran en un nivel alto de riesgo.
De acuerdo al protocolo, el INE recibe en primera instancia las solicitudes de protección, que debe comunicar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la finalidad de establecer una adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional. Al 25 de marzo hicieron 99 solicitudes de protección, de las cuales 74 ya fueron aprobadas (89.16 por ciento) y no se ha negado ninguna.
Adicionalmente, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión de Vigilancia para las elecciones encargada de vigilar los comicios electorales ante la creciente violencia que ha afectado el proceso electoral de este año. La comisión está integrada por legisladores de diferentes grupos parlamentarios y busca monitorear los ataques dirigidos contra candidatos a cargos políticos.
A pesar de la creciente violencia electoral, en el reporte se asegura que “de ninguna de estas se han tenido reportes de actividades recientes”.
Cancelación o anulación por riesgos
Por primera vez, este reporte del Laboratorio Electoral contiene un mapa de riesgos, que se considera que la violencia puede ser un impedimento para la instalación o anulación de la votación en casillas.
De acuerdo a esta herramienta, el Laboratorio Electoral da seguimiento a Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos para determinar si existen condiciones de realizar elecciones.
En 2021, entre Michoacán, Estado de México y Chiapas se concentró el 73.33 por ciento de las casillas en las que se suspendió la votación o el escrutinio debido a la violencia. En esas elecciones en total se suspendió la votación o el escrutinio en 75 casillas por no haber condiciones para celebrar la elección.
Chiapas es la entidad en donde las condiciones de violencia han provocado más nulidades electorales, incluso en algunos municipios se impidió la celebración de los comicios.
Por otra parte, existe el antecedente que en la elección a la gubernatura de Michoacán en 2021 fue impugnada por la injerencia del crimen organizado. La Sala Superior advirtió que sí se dio tal injerencia pero no era suficiente para anular. Este precedente puede ser determinante para estas elecciones.
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