México tiene un enorme potencial en la juventud para el desarrollo del sistema laboral del país, pero faltan condiciones para construir ofertas y oportunidades dignas para la inclusión de este sector de la población, sostuvieron senadores de la República y representantes de organizaciones de la sociedad civil durante la mesa de trabajo: Retos para la empleabilidad de las y los jóvenes de México, perspectivas de política pública, celebrada en el Senado.
El senador Emilio Álvarez Icaza se sumó a la exigencia de la sociedad para entender que se trata de jóvenes que requieren políticas públicas efectivas y un marco legal adecuado para su inclusión económica y romper las barreras de exclusión que los dejan fuera de la escuela y del trabajo, para lo cual invitó a discutir propuestas legislativas como una posible reforma para impulsar la figura de “aprendices” que evite simulaciones y abuso, y contribuya a lograr el primer empleo en jóvenes con rezago educativo y otras desventajas estructurales.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza e integrante de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, detalló que en México hay 31.5 millones de personas jóvenes entre 15 y 29 años de edad, de las cuales 5.2 millones no tienen trabajo y están fuera de la escuela y en rezago educativo.
Por otro lado, 8.4 millones sí tienen ocupación, pero en condiciones precarias, sin ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza. En tanto, hay 3.9 millones en riesgo, que siguen en la escuela, pero viven en hogares en pobreza. Además, de 2018 a 2022, la incorporación de jóvenes al trabajo formal registrados en el IMSS fue prácticamente cero.
En este contexto, Tere Lanzagorta, directora de YouthBuild México e integrante de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, refirió que a través de esta organización se buscan mecanismos que brinden mejores oportunidades de trabajo y vida digna para las y los jóvenes del país.
Para ello se propone un cambio de narrativa, para dejar de calificar a jóvenes con etiquetas discriminatorias, en realidad son jóvenes oportunidad, son el sector mayoritario de la juventud que enfrenta barreras estructurales para ejercer su derecho al trabajo digno por haber nacido en zonas de pobreza o porque crecieron en hogares en condiciones muy limitadas y al mismo tiempo son una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para el país, para sus familias y las comunidades donde viven.
“Desde la sociedad civil tenemos experiencia y resultados en programas efectivos que atienden a este sector de juventud y cambian su realidad, requerimos que haya políticas públicas para mejorar condiciones de empleabilidad para este sector de la población, pues las transferencias monetarias no bastan”, manifestó.
Patricia Mercado, Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, expuso que el reto como país es lograr la empleabilidad de las personas jóvenes a partir de las características del trabajo digno definidas en la Ley Federal del Trabajo.
Dicha agenda debe incluir el reconocimiento y ampliación de derechos laborales, después de muchos años en que el Estado se alejó de la garantía de esos derechos. Comentó que en el marco de las oportunidades que se pueden presentar a través del T-MEC y ahora la relocalización de los capitales, se puede avanzar en la posibilidad de generar mayores derechos para que sea más atractivo para los jóvenes entrar a un empleo.
“Un proyecto como el de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno puede dar mucha luz para aprovechar este contexto con crecimiento económico con distribución para todas y todos”, expuso. “Yo no creo que los jóvenes estén conformes con las dádivas de los programas sociales; tenemos que hacer la oferta laboral desde el reconocimiento de derechos y generar empleos desde la premisa de trabajo digno”.
Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, cuestionó que de los 31 millones de personas jóvenes que hay en México, el programa del Gobierno Jóvenes Construyendo Futuro atiende apenas a dos millones, el seis por ciento del total. Al ser un programa focalizado, comentó, debería orientarse a lograr el mayor impacto donde más se necesita con los 20 mil millones de pesos al año de presupuesto con el que cuenta.
“México le apuesta a la mano de obra no calificada, y la tendencia es a la precarización del trabajo; se destruyen empleos de alto nivel y se crean de bajo ingreso y precarizados o en la informalidad. Ahí hay una amenaza de futuro para los jóvenes que tenemos que tratar de ayudar para que los recursos sirvan para orientarlos de mejor manera”, indicó.
Emilio Álvarez Icaza, también del Grupo Plural, indicó que el proceso de Jóvenes Oportunidad es la primera batalla para invertir en el bono demográfico, dado que en ese sector está la mayor proporción de la población. Calificó como alarmante el hecho de haber invertido cuatro años en Jóvenes Construyendo Futuro y tener un saldo de menos jóvenes inscritos en el seguro social, cuando hay más población joven.
Por tanto, propuso que se debe ampliar la discusión para vincular la política pública con detonadores legislativos que logre alcances no sólo en el ámbito federal, sino también en los estados y municipios “Ampliar la Alianza, a una alianza legislativa de Jóvenes con Trabajo Digno, porque si no ampliamos el espectro, esto no va a avanzar”, insistió.
En la mesa de trabajo también participaron la senadora Alejandra Reynoso y el senador José Erandi Bermúdez, ambos del PAN, así como Carolina Aburto, directora de Fundación Idea e integrante del equipo coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, quien presentó la nota de política con propuestas para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Quien destacó que hay áreas de oportunidad para mejorar la política de empleabilidad de jóvenes oportunidad, es decir las personas jóvenes con mayores barreras de inclusión económica, si se precisa bien la población objetivo hacia este sector de la juventud, si se garantiza una formación en habilidades blandas en la experiencia laboral y se mejoran los mecanismos de monitoreo y evaluación.
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