La sociedad civil resaltó la importancia no sólo de mejores garantías normativas para el fortalecimiento de la independencia judicial, sino también de promover mecanismos que impidan la interferencia de intereses económicos y políticos en los procesos de designación de ministros de la Corte.
En referencia a la designación por parte del Senado de la República de Yasmín Esquivel Mossa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para los próximos 15 años, diversos organismos de la sociedad civil lamentaron la decisión y resaltaron los serios cuestionamientos por parte de medios de comunicación y de las mismas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, académicos y personas defensoras de derechos humanos sobre su falta de idoneidad e independencia para ocupar el cargo.
A través de un comunicado de prensa mencionaron que esta designación se dio pese al riesgo de conflictos de intereses al momento de impartir justicia y sus pocos conocimientos para desempeñar el cargo del máximo Tribunal.
Se dijeron preocupados ya que con esta designación el Congreso pierde una oportunidad histórica para defender la independencia judicial y abonar a la confianza ciudadana de las instituciones de impartición de justicia del país.
“Además de preocupante, esta decisión es reflejo de la falta de normas claras en los procesos de designación de nuestro país, los cuales no se pueden reducir a criterios de elegibilidad mínimos, como es el caso en la actualidad, sino aspirar a que incluyan requisitos de idoneidad y apariencia de independencia e imparcialidad basados en estándares internacionales”, dijeron.
Resaltaron la importancia no sólo de mejores garantías normativas para el fortalecimiento de la independencia judicial, sino también de promover mecanismos que impidan la interferencia de intereses económicos y políticos en los procesos de designación.
“También es tarea urgente de las y los legisladores mejorar los procesos de designación para que sean transparentes, abiertos a la participación ciudadana y garanticen la máxima publicidad de las decisiones”.
Mencionaron que con esta terna enviada por el presidente y la aprobación de la misma por parte del Senado dejaron claro que le deben a la sociedad mexicana: “Un proceso de designación transparente y con participación ciudadana sustantiva, emitir un voto que le permita a la ciudadanía conocer quién apoyó a la ministra, una terna con perfiles destacados y un proceso que deje de lado los acuerdos políticos y vele por fortalecer la independencia judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Los organismos firmantes del pronunciamiento de inconformidad por la designación de Yasmín Esquivel fueron, entre otros: Artículo 19 México y Centroamérica; Borde Político; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Equis Justicia para las Mujeres; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar; México Evalúa; Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas; y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).
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