Es necesario mantener el marco jurídico actual en materia energética, ya que ha generado mejores esquemas, por lo que una contrarreforma en el sector energético sería un atraso y podría provocar diferentes arbitrajes de inversión.
El cumplimiento y respeto al marco legal vigente que regula al sector energético en nuestro país es el que genera certidumbre entre los inversionistas privados, por lo que impulsar la operatividad y viabilidad financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) no representa ningún riesgo para las empresas privadas, aseguró Claus Von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC México).
Estamos convencidos, como el gobierno de la República, de que la seguridad energética de nuestro país y la disponibilidad ininterrumpida y sostenible de las diferentes fuentes de energía a un precio asequible, deben ser una prioridad para beneficio de todos los mexicanos.
“La integración de más agentes económicos al mercado fortalecerá el modelo de despacho económico, que generará una reducción aún mayor en los costos de la electricidad al integrarse al espectro eléctrico nacional la energía producida a más bajo costo”, resaltó.
Señaló que está en espera la inversión de seis mil 400 millones de dólares en el sector energético, sin embargo, no se han logrado concretar debido a obstáculos que se dieron porque no se respetó la ley por lo que algunos inversionistas se ampararon.
Ante esta situación, el presidente de la CCI México dijo no estar de acuerdo en que se afecten las inversiones en el sector energético al no cumplirse con el marco legal, y recalcó que “si el gobierno quiere fortalecer las empresas del estado es parte de su derecho y tiene esa libertad, lo que no puede hacer es no cumplir el marco normativo vigente”.
En videoconferencia, el empresario señaló que “estamos optimistas de que no haya ninguna traba para realizar las inversiones. Es necesario mantener el marco jurídico actual, ya que ha generado mejores esquemas, por lo que una contrarreforma en el sector energético sería un atraso y podría provocar diferentes arbitrajes de inversión”.
Agregó que en lo que deben trabajar, tanto las empresas del estado como las particulares, es en la intensificación de la generación de energías limpias y renovables, en captar recursos fiscales para el Estado, recuperar los mejores niveles de inversión extranjera obtenidos en años anteriores, impulsar el Estado de Derecho y continuar el apoyo a las comunidades indígenas y el respeto a los derechos humanos.
Von Wobeser subrayó que hoy en día en el país existe seguridad para invertir gracias a que existe una regulación justa que data de la reforma energética de 2013 que entre otros beneficios repercutió en que la demanda de energía eléctrica fuera más económica, al llegar a tener en algún momento reciente el mega watt más barato de América Latina; además, los costos de la energía en general se redujeron hasta en 70 por ciento en los últimos seis años.
Al referirse nuevamente a las inversiones que aún están paradas, destacó que se trata de 26 centrales eólicas y 18 fotovoltaicas que se encuentran a punto de entrar en operación en 18 entidades, con un respaldo económico de más de seis mil 400 millones de dólares de inversión directa, tienen una importancia estratégica para la economía del país.
Estos proyectos productivos generan 29 mil 517 fuentes de trabajo, las cuales consideró deben ser aseguradas para evitar que la crisis de empleo se agrave más.
La puesta en marcha de estos 44 proyectos, además, de contribuir a la reducción en los precios de la electricidad, consideró, evitará que volvamos a la vieja usanza de los subsidios que el gobierno federal otorgaba a las tarifas eléctricas.
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