La operación gubernamental del gasto del gobierno no sólo no muestra un uso opaco de los recursos, sino que la sombra de la deshonestidad y la corrupción extienden sus largas sombras sobre la actual administración.
Si hubo un argumento que convenció a muchos para apoyar a López Obrador para llegar a la presidencia, fue la bandera del combate a la corrupción. Bandera que, además, usó para cancelar desde las obras del Aeropuerto en Texcoco hasta el finiquito de los fideicomisos que permitían solventar gastos tan variados como proyectos transexenales, los desastres naturales inesperados o la atención a las enfermedades catastróficas. Sin embargo, ya en la operación gubernamental las cuentas del gasto del gobierno no sólo no muestran un uso opaco de los recursos, sino que la sombra de la deshonestidad y la corrupción extienden sus largas sombras sobre la actual administración. Así lo indica la revisión de la Cuenta Pública de 2020.
La entrega de este informe por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados es uno de los eventos más importantes para conocer la eficiencia y el uso de los recursos de erario. El funcionamiento de la ASF se había mantenido más o menos independiente de la intromisión del Poder Ejecutivo pues se logró que dependiera del Poder Legislativo. Pero en este sexenio, con la sumisión casi incondicional de este último al Poder Ejecutivo sobre todo durante los primeros tres años, esa independencia se vulneró en gran medida.
La ASF no es lo que era antes. En la actualidad, no es tan exigente como antes. Antes no hubiera tolerado, por ejemplo, que Secretaría de Educación Pública (SEP), una de las instancias que mayor presupuesto maneja, no cumpliera con los plazos para entregar la información. Ni siquiera existe fundamento legal que otorgue margen de maniobra para hacerlo. Hoy ni siquiera llega a escándalo el retraso.
Tal vez los manotazos del año pasado cuando se reveló que las pérdidas a raíz de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco eran tres veces mayores de las aducidas por el Ejecutivo, y las presiones para modificar la presentación de los números para que ajustaran a los “otros datos” los motivaron a cerrar el pico y tampoco recibieron exhortos de parte de los diputados, cabe decir. O quizá, se rindieron porque la titular de la SEP ni siquiera cumple los mínimos requisitos (bajísimos de origen) del gobierno actual: no es 90% honesta pues está comprobado que robó a los burócratas de Texcoco y a lo mucho llega a 3% de eficiencia y nomás porque se presenta a las mañaneras cuando se lo solicitan. Si sólo llega a eso, posiblemente organizar eficientemente la entrega de los documentos era demasiado.
Como sea, del resto de las instancias de gobierno federal se conocerán más detalles en los próximos días. Sin embargo, a grandes rasgos se detectan anomalías que en números aproximados apuntan a faltantes en el Tren Maya (mil 300 millones de pesos), la Refinería de Dos Bocas, (59 mil 200 millones de pesos), el Aeropuerto Felipe Ángeles (20 mil millones de pesos), el programa Sembrando Vida (900 millones de pesos), Banco del Bienestar (mil 86 millones de pesos), por enlistar datos preliminares de los 49 mil 765 millones de pesos que por lo pronto no sabemos en qué se gastaron o dónde están.
Asimismo, se debe considerar que los señalamientos no van sólo en dirección del destino de los recursos, sino de la eficacia o no con la que se trabaja. Y en este renglón, hay datos alarmantes como que, según lo informado, la Secretaría de Salud (SSa) no sabe cuántas vacunas recibió, no crearon un sistema de trazabilidad que permita saber a quién se le puso qué vacuna o de qué lote (mínimo requisito para un seguimiento apropiado y científico de la vacunación).
Es cierto que, en esta etapa, las instancias de gobierno tienen 30 días para presentar la documentación que aclare el destino de esos recursos y que no se trata sólo del escrutinio de los gastos del gobierno federal (también se revisan gastos de los otros poderes y los recursos federales a los estados). Sin embargo, cabe destacar que este Informe de Operaciones corresponde ya al segundo año de gobierno y no se puede usar como pretexto que “estaban aprendiendo” y que “estaban limpiando de corrupción”. Ningún gobernante tiene justificación alguna para usar mal los recursos del pueblo, pero menos aún uno que llegó jurando y perjurando que las sombras de la corrupción desaparecerían para siempre del país.
Desde Palacio Nacional, ya comenzaron a despotricar con la ASF por la poca insumisión que todavía muestra. Y por supuesto, seguirán contra los periodistas y columnistas que aborden el tema; y ya ni se diga de los diputados de oposición que (esperemos) pidan cuentas de las irregularidades de forma y de fondo. Pero junto a ellos, y ahí sí habrá que darle la razón al presidente, hay muchos más viendo de cerca que lo que hace y difundiendo sus errores. Es cierto, que siempre ha habido mexicanos de a pie que se han metido por su cuenta a ver los documentos presentados y a hacer análisis propios, sin embargo, también es un hecho que hoy se hace con mayor interés y de manera pormenorizada; y, ciertamente, los hallazgos encuentran en las redes mayores espacio de difusión.
Para el presidente, por supuesto, que es una mala noticia. Pero no lo es para la participación ciudadana, porque tal vez se necesitó de un presidente proclive al populismo y al divisionismo para involucrar a más mexicanos en el seguimiento puntual de las acciones de gobierno, el uso de los recursos y la exigencia de una rendición de cuentas. Es de desear que ese interés lejos de decaer una vez que termine este sexenio, siga y se convierta en la dinámica que nos impida caer nuevamente en la retórica barata de “las escaleras se barren de arriba hacia abajo” y nos involucre a todos en barrer la corrupción en las escaleras, los pasillos, las habitaciones hasta los últimos los rincones de nuestra casa, de nuestro México.
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