A pesar de haberse promulgado la reforma al Poder Judicial, su aplicación está en vilo una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una revisión a la misma además de que una jueza de Querétaro concedió un amparo para suspender su implementación en las 32 entidades del país, por lo que ningún Congreso local puede reformar su Constitución para imitar la Reforma Judicial además de que no podrán ser despedidos ningún juez ni magistrado local.
La suspensión, otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el amparo indirecto 1082/2024, señala que “se concede la suspensión provisional para que se impidan los efectos y consecuencias del decreto referido, esto es para que las autoridades responsables se abstengan de atender el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Reforma al Poder Judicial”.
Este anuncio fue hecho por la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, quien afirmó que su partido promovió dicho amparo.
IP respalda a Corte
Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) externó su respaldo a la SCJN en la decisión para revisar la reforma al Poder Judicial, toda vez que esta permitirá evaluar si la enmienda constitucional aprobada por el Congreso, vulnera la independencia judicial y la democracia de nuestro país.
El organismo empresarial afirmó que “la revisión de esta reforma establece un precedente fundamental para futuras modificaciones que intenten alterar las estructuras institucionales del país”.
Asimismo, dijo que la Corte no está prejuzgando el fondo de la controversia, sino que está garantizando un proceso adecuado en el que se respeten las garantías procesales de las partes involucradas.
Subrayó que “La SCJN tiene no solo la facultad, sino la responsabilidad de revisar la constitucionalidad de cualquier reforma que afecte el equilibrio entre poderes, incluyendo aquellas que puedan comprometer la autonomía del Poder Judicial. Esta acción garantiza que las modificaciones legislativas respeten los límites constitucionales y no vulneren los derechos fundamentales”.
La Coparmex señaló que esta revisión además de ser un procedimiento técnico, es “una oportunidad crucial para proteger las instituciones que salvaguardan la justicia en México, teniendo a la Constitución como el referente indispensable”.
Consideró que la posible suspensión de la reforma, si así se decide, “sería un paso firme en la defensa de la independencia judicial, un pilar indispensable para la democracia”.
Por otra parte, la Coparmex aseguró que la reforma al Poder Judicial ha generado gran incertidumbre, no solo entre los jueces y magistrados, sino también en la comunidad empresarial nacional e internacional, y la sociedad civil.
Recalcó que la interferencia política en las decisiones judiciales pone en riesgo el equilibrio entre poderes y, por ende, la estabilidad económica y social del país.
En este sentido, el sindicato empresarial indicó que un Poder Judicial independiente es fundamental para la estabilidad jurídica y económica del país, lo cual tiene un impacto directo en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. Esta acción envía una señal clara de que en México se respeta el Estado de derecho y se valora la certidumbre jurídica como base del desarrollo económico.
Finalmente, la Coparmex exhortó a las autoridades competentes a proceder con responsabilidad y a escuchar las voces que han señalado los riesgos de esta reforma.
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