El desempeño de las fiscalías y procuradurías estatales, actores cruciales en el sistema de justicia, y la reducida capacidad de investigación criminal, son el talón de Aquiles del combate a la impunidad en México.
México atraviesa por una crisis de violencia e inseguridad que llega a niveles de barbarie, pero también hay una crisis de impunidad debido a que las fiscalías y procuradurías estatales están rebasadas en trabajo y recursos, además de que en algunas entidades existe resistencia a adoptar el sistema penal acusatorio, aseguró Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero.
Al presentar el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019, los representantes de esta organización, presidida por Federico Reyes Heroles, destacaron que en México la probabilidad de que se denuncie y resuelva efectivamente un delito en México es de 1.3 por ciento, cifra ligeramente mayor al año pasado que representó 1.14 por ciento, incremento que se explica en virtud de que la cifra negra (delitos que no se denuncian) disminuyó de 93.7 a 93.2 por ciento entre las encuestas nacionales de 2017 y 2018.
Asimismo, el análisis señala que el 40 por ciento de las sentencias a nivel nacional son menores a tres años, lo que significa que sigue destinándose un alto porcentaje de recursos del sistema penal para sancionar delitos de bajo impacto, y que la impunidad promedio en homicidio doloso en 2017 fue de 89.5 por ciento.
Entre otros hallazgos del informe, destaca que la gente no denuncia debido a la poca confianza en los Ministerios Públicos locales. Según este análisis 53.1 por ciento de las personas dijo confiar en estas instancias, 9.6 por ciento confía mucho y 43.5 por ciento confía algo. Los integrantes de Impunidad Cero indicaron que con la operación del sistema penal acusatorio en los últimos años los índices de impunidad se han reducido, lo que significa una leve mejoría, sin embargo los datos arrojados por el diagnóstico son “desalentadores”, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos para seguir avanzando en materia de procuración de justicia.
Tello Arista recalcó que “el sistema de justicia puede funcionar si hay voluntad política y modelos de gestión e investigación a cambiar las cosas y a reducir la impunidad”.
Afirmó que el estudio realizado por Impunidad Cero no fue elaborado para criticar la labor de las procuradurías y fiscalías estatales, sino para encontrar datos que muestren objetivamente cómo funcionan estas instituciones a fin de rescatar las buenas prácticas que en algunas entidades realizan las mismas.
Advierten riesgo de retroceso
Por otra parte, Tello Arista advirtió que existe el riesgo de una contrarreforma para desplazar al sistema penal acusatorio y regresar al anterior modelo, pero señaló que de no considerar la opinión de las procuradurías estatales sobre lo que está fallando en su operación, los recursos que necesitan y lo que requieren para articular sus acciones con las de otras instancias del sistema de justicia, muy difícilmente se combatirá la impunidad y la violencia que azotan al país.
“No va a haber ninguna reforma normativa ni legislativa que pueda cambiar el proceso operativo que es lo que atora a las instituciones de justicia”, recalcó.
Por su parte, el investigador Guillermo Zepeda admitió que existe un elevado índice de impunidad, pero a pesar de ello dijo que el sistema de justicia penal acusatorio ha demostrado efectividad de un 140 por ciento en comparación con el modelo anterior, que si hubiera seguido el país estaría en un escenario peor.
Aseguró que actualmente se han resuelto 40 por ciento de los asuntos, mientras que con el anterior sistema sólo se resolvía el 9 por ciento de los casos, por lo que la impunidad era mayor.
Lamentó que únicamente siete u ocho entidades den la cara por el sistema acusatorio, por lo que hizo un llamado a romper inercias en los demás estados, pues consideró que mientras sólo algunos se esfuerzan por realizan buenas prácticas, 20 estados se dedican a construir excusas para no dar resultados.
“No se puede permitir un regreso al otro sistema considerando los recursos y capacitación que se han invertido en la implementación del nuevo sistema el cual es más efectivo, transparente y respetuoso de los derechos humanos”, recalcó.
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