“La simulación en el cumplimiento de las reglas del proceso electoral es la norma, más que la excepción, entre los partidos políticos”, señaló Gustavo De Hoyos Walther, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. En un mensaje emitido por el organismo empresarial, De Hoyos Walther, denostó que las “precampañas” en realidad son abiertamente campañas y subrayó que de acuerdo con la ley electoral, sólo se es posible realizar campañas políticas con los recursos que preve la norma, pero indicó que tanto partidos como candidatos independientes incumplen ese mandato, ya que el nivel de gasto permitido no coincide con lo que observa, además de que existen donaciones en efectivo, es decir por fuera del sistema bancario, que es la única manera permitida de hacerlas.
Bajo ese supuesto, los topes de campaña se convierten en la realidad, solo la cantidad mínima para desarrollar la campaña electoral, señaló el líder empresarial.
No obstante, tambien evidenció el hecho de que se utilicen datos o credenciales inválidas para desahogar el requisito de apoyos para las candidaturas independientes, situación por lo que unos 28 aspirantes a candidatos a diputados federales, podrían perder su registro.
Además mencionó que existen 98 mil 500 casos de credenciales creadas expresamente con el fin de apoyar dichas candidaturas, lo que sin embargo ya habría ocurrido en el proceso de elección al Constituyente de la Ciudad de México, “cuando se detectaron miles de firmas de personas ya fallecidas que supuestamente firmaron a favor de un representante independiente”.
Lamentó, que a pesar de que está prohibido, que los órdenes de gobierno desvién recursos con fines electorales “existe evidencia de que los gobiernos federal y estatales dedican recursos, personal e información de sus bases de datos para las precampañas”.
Y agregó que “de acuerdo con testimonios de ex funcionarios de los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, desde estas entidades se triangularon recursos federales para las precampañas priistas, con el posible silencio y complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.
Por lo anterior enfatizó que la exigencia de la Coparmex a los partidos políticos y órdenes de gobierno es “a que exista un inviolable y estricto apego a la ley en materia electoral”.
Además hizo un llamado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, a dar un seguimiento puntual a las violaciones legales que ocurran para que no exista un incentivo en los actores políticos para faltar a la ley. Al Instituto Nacional Electoral, INE, le exhortó a aplicar las sanciones correspondientes sin ninguna clase de favoritismos. A su vez solicitó del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, no llegar resoluciones que en el fondo atenten contra la democracia o que limiten “la libertad de los ciudadanos en los debates públicos”.
Gustavo De Hoyos concluyó que delante tenemos en las próximas elecciones un reto histórico y que depende de todos los ciudadanos y de cada instancia pública el “que exista un proceso electoral, cívico, legal y transparente”.
