Con esta decisión histórica contribuirá a disminuir la opacidad en el Poder Judicial y a impulsar un sistema de justicia más abierto, confiable y en favor de la transparencia.
Con el objetivo de abatir la opacidad y discrecionalidad del Poder Judicial en la publicación de sus sentencias y resoluciones, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Transparencia que obliga a los poderes judiciales de todo el país a hacer obligatorio que todas las sentencias sean públicas.
Esta modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue impulsada por el colectivo #LoJustoEsQueSepas, que está integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres, México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar.
Laurance Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales en México Evalúa y vocera del colectivo, señaló que, con el antiguo ordenamiento, los poderes judiciales únicamente tenían la obligación de publicar las sentencias de “interés público”, caracterización con la que muchas veces se escudaban para no publicar sus fallos y resoluciones. Con ello, el acceso a la justicia, el acceso a la información y otros derechos como la libertad de expresión estaban limitados.
“Creemos que esta reforma debe servir como impulso a una política de transparencia proactiva por parte de los poderes judiciales. Es decir, deseamos que los siguientes pasos se encaminen hacia la generación de mecanismos que acerquen la justicia, en particular a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la difusión de información en formatos y soportes adecuados y pertinentes, de acuerdo con lo establecido por la propia Ley General de Transparencia”, dijo la especialista.
Pantin explicó que anteriormente el artículo 73 de esta Ley señalaba que los Poderes Judiciales debían dar a conocer únicamente las sentencias de “interés público”. Esta opacidad judicial da pie a que se puedan dictar sentencias discriminatorias o sin perspectiva de género y derechos humanos, y limita la detección de posibles arbitrariedades.
“La publicación de todas sentencias es muy importante, pues facilitará la realización de ejercicios de auditoría ciudadana, la evaluación del trabajo de las y los juzgadores y funcionarios judiciales y la identificación de patrones que puedan dar indicios de actos de corrupción. Así, esta reforma representa un gran paso hacia la transparencia judicial y contribuye a consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables”, resaltó la especialista.
Laurance apuntó que ahora, los poderes judiciales tendrán la responsabilidad de cumplir con esta nueva obligación, mientras a los órganos garantes de transparencia les corresponderá monitorear su implementación.
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