“Somos en términos prácticos empleados, pero somos concebidos como nuestros propios jefes o “socios” para que todos los costos caigan sobre nosotros”, explicó el colectivo #NiUnRepartidorMenos.
#NiUnRepartidorMenos es el nombre del colectivo que une a repartidores de diversos servicios como Rappi, Uber Eats y otras organizaciones, para exigir que los repartidores tengan mejores ingresos y condiciones que aseguren su seguridad durante los servicios de reparto que realicen.
“Estas aplicaciones se están aprovechando de las necesidades básicas de las personas, para prácticamente esclavizarlas sin ningún tipo de garantía”, comentó Ricardo Díaz, uno de los líderes de un grupo de repartidores en Bogotá, Colombia, que no está muy alejado de lo que viven los repartidores en México.
#NiUnRepartidorMenos se creó en 2018, cuando José Manuel Matías, un ciclista repartidor de UberEats, fue arrollado por un tráiler el 27 de noviembre de ese año. Desde entonces, el colectivo ha exigido que los repartidores tengan garantías, como accesos a servicios de salud, vacaciones pagadas, incapacidad en caso de accidentes y un ingreso relativamente estable.
El colectivo explicó que muchos trabajadores dejan atrás trabajos de la economía formal, pero poco reconocidos y mal pagados con la promesa de ingresar a la economía digital, donde se les crea una ilusión de ser dueños de su tiempo y, de alguna manera, sus propios jefes; sin embargo, los trabajos como repartidores no combaten la precariedad laboral.
“La ilusión de que hay posibilidad de administrar la propia vida y tiempo en jóvenes cuya vida ha sido moldeada por limitantes estructurales que les impiden elegir su destino profesional, es ciertamente un deseo que las plataformas digitales han sabido aprovechar”, indicó el colectivo #NiUnRepartidorMenos.
Además, el colectivo explicó que con la actual necesidad que tienen los consumidores de adquirir productos y servicios, se han eliminado las filas, la espera, la necesidad de salir por lo que el consumidor desea; así como se han eliminado los derechos y la regulación por parte del Estado para que el intercambio entre consumidor y repartidor sea equitativo.
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“Somos en términos prácticos empleados, pero somos concebidos como nuestros propios jefes o ‘socios’ para que todos los costos caigan sobre nosotros”, explicaron integrantes del colectivo y recalcaron que los repartidores no tienen acceso a servicios de salud, no hay incapacidad en caso de accidentes, ni un ingreso estable y mucho menos una capacitación mínima de seguridad.
Con la llegada de la pandemia de COVID-19, los repartidores son uno de los sectores más afectados, pues a parte de que hay pocos pedidos, los impuestos establecidos para las aplicaciones reducen la ganancia del repartidor, lo que significa que además de haber menos trabajo, la ganancia es mínima y los repartidores no sólo están arriesgando su vida en cuestiones de accidentes de tránsito, también están sorteando su salud al estar expuestos al contagio.
Hace unos días, repartidores de Uber Eats, DiDi y Rappi se manifestaron en Toluca para exigir que esos impuestos se reduzcan. “Nos sale un insumo mayor al de la gasolina por cada servicio que realizamos, más los impuestos, realmente es insostenible este modelo de negocio al menos para los que trabajamos y vivimos de esto”, comentó uno de los repartidores que asistió a la manifestación.
“Nuestra apuesta no es volver al pasado, sino posibilitar un futuro realmente revolucionario donde el desarrollo tecnológico y la economía digital permitan la generación de empleos realmente distintos”, explicaron representantes del movimiento.
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