Suspender la condena de 9 años y echar atrás el decomiso de 40 bienes contra el exgobernador Javier Duarte, se puede entender más como un acto político que como uno judicial.
Poco más de 6 meses después de que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, se han emprendido una serie de investigaciones contra los funcionarios del anterior régimen presidencial.
En estas investigaciones han salido nombres importantes como Emilio Lozoya, que fuera presidente del Consejo de Pemex, y el abogado personal de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, así como un giro sorpresivo en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
En ese giro jurídico, un Tribunal Federal obligó a detener la ejecución de la sentencia por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, en tanto se analice si las pruebas presentadas contra él, fueron legales o no, aunque seguirá interno en el Reclusorio Norte. El analista político Alfredo Lecona asegura que el “borrón y cuenta nueva” que AMLO ofreció a EPN, está quedando muy atrás, ello debido en gran medida al actuar del expresidente, porque a pesar de que los delitos por los que están investigando a personas allegadas a él, Peña se ve tranquilo, bailando en las bodas y disfrutando de su vida social.
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Sin embargo el analista político y vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Guillermo Torres Quiroz, este giro judicial del caso Duarte, al igual que las detenciones de Lozoya y Collado, pueden entenderse como una “cortina de humo”, que pretende generar distracción de la sociedad en temas que le están pesando a la actual administración, como lo son la economía y la seguridad.
En una carta publicada el pasado 9 de julio y un video hecho en 2017 y difundido el 15 de julio en diferentes medios de comunicación Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, ofreció información privilegiada contra funcionarios que están bajo investigación; “derivado (sic) del cargo de gobernador que ostenté, así como del proceso que enfrento, me he hecho conocedor de diversa información que pudiera considerarse privilegiada y que de ser el caso podría ser de utilidad para diversas investigaciones”, señaló el exgobernador en su carta. El video difundido deja en evidencia que su detención en Guatemala fue pactada a cambio de que las autoridades mexicanas frenaran las investigaciones contra su familia.
Según Guillermo Torres Quiroz, el actor político más golpeado en estas evidencias fue el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; en gran medida porque él aún tiene fuero federal por ser senador de la República.
Pero Alfredo Lecona dice que uno de los ejes medulares de estas investigaciones es la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, gracias a cuyo trabajo se están denunciando estos casos ante la Fiscalía General de la República (FGR), que a pesar de no ejercer aún su autonomía como en la ley se indica, está trabajando y creando carpetas de investigación muy sólidas, llevando paso a paso la investigación y no como se hizo la detención de Esther Gordillo, sin realizar una sólida carpeta de investigación.
En ese sentido, Torres, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, asevera que el fiscal Alejandro Gertz Manero es una persona seria, especializada en seguridad, pero no se puede cuestionar su acercamiento político con AMLO.
Cuando AMLO asumió el control del Ejecutivo Federal, se hablaba de un supuesto “pacto de impunidad”, y el propio presidente ayudó a que la suposición se hiciera más sólida al expresar ideas como el “borrón y cuenta nueva” o al querer llevar a consulta popular la detención de exmandatarios.
Según el analista político Alfredo Lecona, al parecer este pacto de impunidad se ha roto, pero en mayor medida gracias al cinismo con el que EPN se ha manejado, además de que en las últimas investigaciones han salido implicados personajes de altas esferas de la política peñista, como es el caso del exsecretario de Gobernación y actual coordinador de los priistas en la Cámara de Senadores, Miguel Ángel Osorio Chong.
Pero para Guillermo Torres Quiroz, el exmandatario puede estar tranquilo, porque de todas esas investigaciones, sólo en el caso Lozoya puede demostrarse una implicación más a fondo; sin embargo, el analista pronostica que sólo quedará en la detención de funcionarios menores.
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