Los medios públicos son esenciales en una sociedad democrática, que tiene como finalidad exponer contenidos educativos y culturales.
El Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado mexicano, que toda persona tiene derecho al libre al acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo por cualquier medio de expresión.
Gabriel Sosa Plata, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (con licencia) y director de Radio Educación, explica que la finalidad de los medios públicos es expresar, contribuir, fortalecer la pluralidad y la diversidad; en otras palabras, fortalecer los principios democráticos y de pluralidad.
La configuración actual del sector de radiodifusión mexicana está compuesta por medios privados y públicos; estos últimos con una función marcadamente social donde se promueve y se da espacio a la pluralidad de ideas y a la libertad de expresión, con una clara vocación cultural y educativa.
Hay que entender que los medios privados operan en las condiciones de competencia propias del mercado y las ofertas tienen una finalidad comercial, sin importar la calidad en el contenido. Su único objetivo es el tener una mayor audiencia para vender la mayor cantidad de espacios publicitarios, dijo el director de Radio Educación.
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Es ahí donde cobran importancia los medios públicos del país, cuya finalidad no es la competencia comercial ni una competencia por el mayor número de audiencias, sino contenidos culturales, educativos y de educación que, por sus características de operación, podrían no ser rentables económicamente, pero tienen una importancia social.
Los recursos de los medios públicos están íntegramente proporcionados por el paquete económico que aprueban los congresos federales y locales, y ése es el primer problema al que se enfrentan los medios públicos: encontrarse bajo el criterio de importancia otorgada por cada administración federal.
El director de Radio Educación sostiene que se deben crear mecanismos legales para que los medios públicos estén al servicio de la sociedad y no al del gobierno. Explica que existe una percepción de dominio de los medios públicos por los gobiernos en turno, o de que están obligados a cumplir favores porque los ingresos del medio provienen del Estado, pero gracias a la ley secundaría en materia de telecomunicaciones, promulgada en 2014, los medios públicos deben contar con un consejo ciudadano que preserve su independencia editorial.
Sin embargo, agrega, debe existir voluntad política, principalmente de Morena en este momento, para que por ley se les otorgue presupuesto, como ocurre con la Ley de Radio difusión de la Ciudad de México, aprobada este año, que prevé que se otorgará a los medios públicos, por ley, 0.005% del presupuesto.
Durante la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, se enfrentó a la peor crisis institucional y económica en su historia. A mediados de mayo había anunciado que el primer minuto del 1 de junio desaparecería la programación de las estaciones que posee en AM. De igual forma, anunció la salida de la programación de las estaciones que tiene en FM, también a mediados de junio.
Estas decisiones son consecuencia del recorte presupuestal al IMER, como parte de la austeridad promovida por el Ejecutivo Federal.
El IMER tuvo un recorte de 10.5%, por eso mismo tuvo que prescindir del servicio de 185 empleados. Sin embargo, gracias a la presión pública y a la que se generó en redes sociales, la SEP anunció que garantizaría una suficiencia presupuestal por 19.3 millones de pesos.
Sosa Plata explicó que esa medida es una consecuencia de la política de austeridad republicana que el gobierno ha impuesto. Por ello el recorte presupuestal, que no solo sufrió el IMER, pues a Radio Educación se le recortaron 4 millones de pesos, lo que ha afectado la contratación de servicios profesionales externos, responsable de guiones, programas o locución, es una política contradictoria de quienes han dicho que quieren fortalecer a los medios públicos desde el poder.
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