Defender la vida desde el momento de la concepción es la vocación que la gran mayoría de los mexicanos tiene, y que se ha logrado quede plasmado en las leyes. Ahora este derecho inalienable está en riesgo de no ser respetado.
Dar marcha atrás a la despenalización del aborto en Veracruz y sentar un precedente para que en todo el país se apruebe acabar con la vida del no nacido o arropar a los mexicanos que aún se encuentran en el vientre de su madre, la decisión que los jueces de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen entre sus manos.
En 2017 el Congreso de Veracruz votó en contra de la legalización del aborto en la entidad, lo que motivó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a buscar una alternativa para echar abajo esta determinación, por lo que levantaron un amparo ante un juez federal de Xalapa argumentando que se violentaba a las mujeres.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, adscrito a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajo el caso y presentó el Proyecto de Resolución por el Amparo 636/2019, que busca despenalizar el aborto en el estado de Veracruz con el argumento de que existe discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud.
Al respecto, Laura Hernández, directora de asuntos Públicos de la asociación civil Red Familia que se opone a que se dé marcha atrás a la resolución del Congreso de Veracruz y permitir el aborto en la entidad, afirmó que lo votado por los legisladores veracruzanos no fue para favorecer la violencia ni discriminación contra la mujer, tampoco de imponer criterios ideológicos, sino de respetar la vida de los no nacidos, “es estar a favor del más grande derecho, el de la vida el cual debe garantizarse a todo ser humano, en toda etapa y circunstancia, sin discriminación. Lo que sí es discriminación es destruir, en el seno materno, la vida de los niños y niñas por nacer”.
Por su parte, Mario Romo, director general de la organización de la sociedad civil, consideró que “este es un intento de desviar la aplicación justa de la ley para imponer un criterio ideológico. Este proyecto busca apartarse de los criterios que la misma SCJN ha establecido, para imponerlo a un Congreso autónomo y que tiene la facultad de legislar en esta materia y en su momento legisló a favor del reconocimiento a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Decir que hay una omisión legislativa es un atentado contra la ética de proteger la vida y el derecho a vivir, contra la razón y la lógica”.
Red Familia enlistó una serie de puntos que consideró erróneos sobre el proyecto de resolución de amparo con el que se pretende despenalizar el aborto en el estado de Veracruz:
• Se extralimita en su decisión, toda vez que reconoce que NO existe un tratado que obligue textualmente a un cambio en la ley de Veracruz y pese a ello falla en sus interpretaciones sobre discriminación y violencia a la mujer.
• Considera unilateralmente que el delito de aborto discrimina a la mujer, ignorando que el 98% de las personas en la cárcel por el delito de aborto son hombres que ejercieron violencia contra las mujeres.
• Interpreta que la tutela de la vida de las niñas y niños por nacer va en contra de la protección de los derechos y las decisiones de las mujeres. Pasa por alto que al establecer el delito de aborto, se tutela también el derecho de las mujeres que durante su embarazo son forzadas a abortar en condiciones de violencia y marginación.
• Establece como violencia que la mujer que cometió un aborto sea orientada en materia educativa o reciba atención médica en lugar de cárcel. Es desconocer la finalidad de todo tipo de sanciones y poner en riesgo el objetivo de estas, ya que toda mujer que sufre un aborto requiere atención médica.
• No hay fuerza vinculante en los tratados internacionales que Carrancá menciona en su proyecto. Las interpretaciones de las comisiones solamente se vuelven vinculantes cuando una corte lo determina, lo cual no ha ocurrido en el caso de la CEDAW.
De contar con el respaldo de al menos tres jueces el Congreso de Veracruz deberá permitir el aborto en la entidad; pero, además, de acuerdo con CitizenGo se “quebraría la división de poderes, violaría la soberanía de los estados y los tratados internacionales de Derechos Humanos. Y atentaría contra el primero de los derechos, el derecho a la vida”.
Esta asociación civil destacó que a través de su plataforma más de 72 mil mexicanos han firmado en contra del aborto; han enviado “más de un millón de correos electrónicos a los ministros pidiéndoles que no se conviertan en legisladores de último recurso de los radicales de Morena”.
Además, junto con Red Familia, Frente Nacional por la Familia y diputados provida han remitido sendos escritos a la Corte advirtiendo de la ilegalidad de lo que pretenden hacer. Destacaron también que 250 organizaciones sociales solicitaron audiencia a la SCJN; pero todavía no han recibido respuesta.
A través de los medios electrónicos, los colectivos a favor de la vida invitaron a una manifestación en el Zócalo para el 28 de julio a las 9:00 de la mañana para manifestar su desacuerdo contra la despenalización del aborto.
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