A poco más de dos meses de celebrarse las elecciones en México, es importante hacer un balance que permita conocer qué tanto los distintos actores políticos respetan la ley y las reglas establecidas para la contienda electoral, pues todo esto abonará a la conformación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como otros cargos más de elección popular en todo el país.
En entrevista con Yo Influyo, Alan Adame Pinacho, analista político, dijo que la observación de cómo se está desarrollando el proceso electoral es fundamental, pues de ello dependerá en gran medida la decisión que los ciudadanos tomen cuando se encuentren frente a las boletas. Siendo lo ideal que los electores no sean coaccionados a favorecer a alguna fuerza política, sino que su voto sea fruto de la información y la libertad.
Para ello, destacó que en este proceso surgió un mecanismo conformado por diversas instituciones y sociedad civil que se unieron en el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) para monitorear el desarrollo apegado a la ley de los comicios electorales de 2024 en cada una de sus seis etapas, y con base en su observación sugieren a las autoridades tomar acciones con base en sus funciones y atribuciones a fin de que tomen las medidas pertinente para evitar desequilibrios o distorsiones en el proceso electoral.
Por otro lado, se contará con observadores electorales reconocidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), como tradicionalmente se ha hecho en otros ejercicios electorales, y que tiene como finalidad vigilar la jornada electoral y los conteos electorales. “En este modelo se requiere que haya un número consistente de observadores quienes serán un termómetro sobre cómo se está llevando a cabo la elección en varias casillas”, afirmó.
Adame Pinacho refirió que en particular en este proceso es importante que exista un número nutrido de observadores electorales ante el riesgo de que se presente la intromisión de los gobiernos a nivel local para incidir en el proceso ya sea utilizando los programas sociales, movilizando funcionarios y a gente a las casillas, coaccionando el voto.
Con lo que respecta a la actuación que hasta el momento ha tenido el INE, Alan Adame consideró que existen puntos muy positivos, aunque otros más han sido laxos como es en las sanciones hechas al presidente Andrés Manuel López Obrador frente a sus dichos en relación a los comicios.
Con respecto al buen trabajo del árbitro electoral, dijo que como resultado de una intensa campaña para promover el voto en el extranjero, este año creció 24.6 por ciento la cifra de mexicanos que tramitaron y obtuvieron su credencial de para votar. Además, en esta ocasión hay más modalidades para emitir su voto, una de estas es por internet, otra más con el uso del correo tradicional y una más, asistiendo presencialmente a uno de los 23 módulos receptores que se colocaron en varios consulados, principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa.
Sin embargo, el experto en el tema electoral señaló que existen temas de los que el INE no sale bien librado, pues ante las más de 300 ocasiones en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado del proceso electoral, violando a todas luces la ley, las medidas tomadas por la autoridad electoral son muy pocas pues sólo ha mandado retirar algunas de las redes sociales de manera unitaria las conferencias mañaneras en las que el mandatario ha violado la ley.
Asimismo, se han presentado infracciones como la distribución de noticias falsas o la promoción a través de influencers como lo está realizando el Partido Verde.
Alan Adame señaló que otra de las conductas que ponen en duda la calidad y desaseo del levantamiento de encuestas cuya intención clara es incidir en el ánimo de los electores, a tal grado de que muchas de estas son pagadas e inclusive pudiera decirse que ya existe un mercado de encuestas.
Fake news presidencial
Sobre la idea que el presidente y tras él diversos miembros de Morena han comenzado a deslizar sobre la posibilidad de un “golpe de estado técnico”, Adame Picacho calificó esta actitud de muy grave y preocupante.
Indicó que si bien está previsto en la ley la nulidad de casillas, esta puede darse siempre y cuando los actores políticos demuestren legalmente que existieron irregularidades y presentan las pruebas ante las autoridades electorales competentes, que en primera instancia es el INE y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y toda vez que analicen las pruebas estas son las encargadas de declarar si procede o no anular alguna o algunas casillas.
Pero aclaró que como tal, no existe un “golpe de estado técnico” como lo ha dicho el presidente, pues señaló que un golpe de estado siempre proviene del Ejército. Habría que preguntarle al mandatario si las fuerzas armadas están pensando en intervenir en el proceso o en retirar a las autoridades, en este caso al Ejecutivo, para instalar un régimen militar ¿de eso está hablando el presidente? cuestionó.
Frente a esta referencia y otras más que el presidente López Obrador ha realizado en los últimos meses sobre los comicios, Alan Adame consideró que lo conducente es que el Ejecutivo saque las manos del proceso electoral. “No tendríamos que ver al presidente que hable de la elección, y mucho menos de candidatas, ni a favor ni en contra”, subrayó.
Al presidente se le han contabilizado 300 ocasiones en que ha hablado del proceso electoral, y en realidad a poco más de seis meses de gestión él tendría que estar pensando en las cuentas que va a entregar a la próxima administración, no en cómo va a incidir en el proceso ni cómo es que un día puede evadir o torcer la ley para hablar de los comicios, “que eso le represente una sanción”, externó.
Lamentó que a las autoridades electorales les haya faltado contundencia para frenar estas violaciones flagrantes a la ley por parte del Ejecutivo.
Alan Adame calificó de delicado que el presidente esté poniendo el mal ejemplo, “él es el principal funcionario público del país y tendría que estar dando la muestra, y lo que está dejando claro es que se puede violar la ley, que pueden doblar a las autoridades electorales y que a través de dichos o hechos se puede influir en el proceso”.
El analista consideró que ante las conductas violatorias a la ley electoral, el presidente tendría que estar enfrentando sanciones por reiteración de conductas pues hay un marco legal que incluso él promovió al denunciar en su momento durante el proceso de 2006 cuando cuestionó a Vicente Fox por opinar y a raíz de esas opiniones se llevaron a cabo reformas electorales.
Hoy las reglas que existen provienen de la denuncia y demanda de López Obrador para controlar al Ejecutivo por eso es incongruente que se vea a un López Obrador candidato diciendo unas cosas y ahora vemos a uno diferente en el gobierno. “La primera exigencia debiera de ser congruencia”.
Apuntó que hay elementos jurídicos legales para que el presidente sea sancionado, no solo con bajarle sus videos de redes sociales, ante la desobediencia de que como jefe del Ejecutivo no haga referencias electorales, se le podrían estar iniciando procesos de desacato a instrucciones judiciales del TEPJF por seguir, insistir y perseverar en meterse en el proceso electoral, detalló.
Añadió que puede haber sanciones económicas, incluso pudiera determinarse que el presidente dejara de poner las mañaneras, por ejemplo, pero la autoridad electoral tendría que ser dura.
Por otra parte, señaló que también debe haber un costo político, si el presidente no está asumiendo el costo legal por sus acciones ilegales, sí tiene que asumir el costo político de lo que está haciendo, en este aspecto hay un rol muy importante por parte de la sociedad civil para señalar que el mandatario está incumpliendo con la ley.
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