El respaldo en las urnas de una gran mayoría de ciudadanos a Claudia Sheinbaum para ser la próxima presidenta de México, “no puede entenderse como un cheque en blanco, y mucho menos debe ser asumido como una justificación para avasallar a las minorías”, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En su publicación oficial Señal, consideró que una vez concluidas las elecciones, debe quedar atrás la polarización política y la confrontación entre mexicanos, pues ahora es momento para reencontrarnos y apostar en serio por la cohesión social, ya que sólo así tendremos futuro.
En este sentido, el sindicato patronal señaló que “la futura presidenta tiene frente a sí una oportunidad histórica para establecer como sustento de su gobierno la recomposición de la cohesión social”.
La Coparmex afirmó que en la nueva etapa que inicia el país debe privilegiarse la cohesión social, el diálogo, el respeto a las minorías y a la pluralidad, la defensa a la democracia y al Estado de derecho, la sensatez, la visión de largo plazo y el interés superior de la nación.
Por otra parte, el organismo patronal externó su preocupación, al igual que lo han hecho los mercados, sobre las primeras señales enviadas en el periodo de transición, y advirtió que el arranque de la siguiente administración será, por factores estructurales, complejo, por lo que consideró que “debe haber sensatez en los actores políticos para no recrudecer los factores de desaceleración y mucho menos privar al país de su potencial para atraer 35 mil millones de dólares de nuevas inversiones que podrían llegar gracias al fenómeno de relocalización de empresas o nearshoring”.
En concreto, se refirió a la reforma prevista para el Poder Judicial y la celeridad con la que pretende discutirse la misma, ya que indicó que “puede minar de forma irreparable la confianza para invertir en México, pues se advierte como una iniciativa que restaría independencia a ese poder y debilitaría al Estado de derecho”.
En referencia, observó que “ningún país miembro de la OCDE tiene un esquema de elección popular de jueces, magistrados y ministros”.
Recordó que en 2021 tuvo lugar una Reforma Judicial que, según sus promotores, era la más importante en casi 30 años; centrada en impulsar la inclusión de los más vulnerables y terminar con la discriminación que impedía el acceso a la justicia a las mujeres, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, grupos de la diversidad sexual, y a las niñas y niños.
Asimismo, cambió la forma de operar de la Defensoría Pública para que quienes no contaran con recursos, tuvieran una defensa de calidad. También aumentó potencialmente el número de lenguas indígenas en las que se presta el servicio. Además, se promueve la profesionalización de abogadas y abogados a través de la Escuela Federal de Formación Judicial y se elevó a rango constitucional y legal el combate a la corrupción, al nepotismo, al acoso sexual y a la violencia de género.
La Coparmex sostuvo que ha pasado muy poco tiempo para lograr que dicha reforma haya logrado consolidarse.
De forma contundente, indicó que “más que pensar en reducir la independencia del Poder Judicial, se debe optar por materializar y mejorar la reforma referida, para que dé los resultados esperados. La reforma constitucional de 2021 coincide en buena medida con la iniciativa de reforma presentada el pasado 5 de febrero de 2024, en el sentido que se busca que todas las personas tengan acceso pleno a la justicia y se erradique cualquier práctica de corrupción sancionando a los responsables”.
Resaltó que los mexicanos “tenemos frente a nosotros un futuro próspero con esperanza, pero hacerlo posible implica no autosabotear ese potencial debilitando nuestra democracia”.
Por último, la Coparmex apuntó que seguirá siendo un organismo empresarial con voz crítica, pero siempre propositiva que prioriza el diálogo.
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