En el país únicamente la Ciudad de México, Jalisco y Baja California Sur tienen instituciones adecuadas para implementar una política social transparente y participativa de acuerdo al Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo social (IDES) de la Organización gestión Social y Cooperación (Gesoc).
De acuerdo al análisis 2017, las 29 entidades restantes carecen de los elementos básicos para implementar los programas de desarrollo social, toda vez que no transparentan los presupuestos, carecen de reglas de operación, no tienen identificada a la población objetivo y no han sido evaluados por alguna instancia externa.
El director de la Gesoc, Alejandro González Arreola, observó que cuando inicia una administración se incrementa el nivel de eficiencia y cuando está por terminar baja la intensidad.
El resultado del índice se basa en información pública de fuentes oficiales, a fin de evaluar las capacidades de cada gobierno en cuatro dimensiones clave para la eficiencia de su políticas social: planeación programático-presupuestal, gestión eficiente de programas sociales, monitoreo y evaluación de programas sociales, apertura y participación ciudadana.
Actualmente el número de programas sociales en México es de mil 227, y para ellos se destina un presupuesto de 64 mil millones de pesos.
De acuerdo al estudio, en los últimos 10 años, los recursos destinados a programas sociales ha tenido un incremento de mil por ciento, sin embargo “la pobreza se ha mantenido constante: en 1992 la proporción de la población en pobreza era de 53.1 por ciento, mientras que el dato para 2014 fue de 53.2 por ciento”.
El IDES refleja, a partir de información de fuentes oficiales, la capacidad institucional de cada una de las 32 entidades federativas para la implementación de una política de Desarrollo Social efectiva, abierta y participativa.
Asimismo, busca generar evidencia relevante y útil para fortalecer las capacidades institucionales con las que cuentan las entidades federativas para implementar políticas de desarrollo social efectivas, abiertas y participativas y, eventualmente, generar las condiciones para que las administraciones públicas estatales generen impactos positivos en la disminución de la pobreza y los rezagos sociales, a través de ecosistemas virtuosos de co-creación, implementación, seguimiento y evaluación de programas y acciones estatales de desarrollo social.
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