La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) mostró su inconformidad de la aprobación, por mayoría, en el Senado del dictamen por el que se extinguen 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF) toda vez que viola la Constitución, afecta a los trabajadores que laboran en este, daña a la sociedad al aminorarse la impartición de justicia y genera desequilibrios entre los Poderes de la Unión.
El organismo empresarial reprochó que la mayoría de los legisladores se negaran a escuchar y dialogar con la sociedad y los trabajadores del PJF sobre este tema, pues al desaparecer los fideicomisos afectan los derechos de alrededor de 40 mil empleados, quienes con su esfuerzo han aportado recursos a esos fideicomisos.
Asimismo, condenó que los senadores no hubiesen realizado un análisis apegado a derecho y modificado la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados para reformar el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Al mismo tiempo, externó su preocupación por la forma en que se decidió desaparecer los fideicomisos, ya que la intencionalidad de “este tipo de decisiones en lugar de velar por el interés público y el respeto a la Constitución, tuvo como propósito debilitar a otro Poder, lo que en los hechos es una regresión democrática”.
El organismo empresarial recordó a los legisladores que “su compromiso es con quienes los votaron, no con sus representaciones partidistas ni con los intereses de grupo”.
El sindicato empresarial previó que como consecuencia de que esta reforma viola la Constitución y el debido proceso legislativo será impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según ha trascendido en distintos ámbitos.
En este sentido, la Coparmex anunció que desde el observatorio Guardianes de la Constitución, en el que participa, dará seguimiento a estos recursos legales.
Por otra parte, advirtió que existe una tendencia para minar la operatividad del Poder Judicial, e hizo un comparativo del porcentaje de los recursos que entre 2019 y 2023 se destinaron para seguridad a las Fuerzas Armadas, el cual creció 180 por ciento, mientras que el gasto destinado para el siguiente eslabón -que es el Poder Judicial- encargado de la procuración de justicia, se ha reducido 15 por ciento.
A este respecto comentó que “los recortes al Poder Judicial lo único que garantizan es que gane la impunidad y los mexicanos quedemos a merced de la delincuencia. Sin los recursos necesarios para 2024, como han señalado legisladores, se dejarían de crear 22 tribunales para atender obligaciones derivadas de la reforma laboral; seis nuevos Centros de Justicia Penal y tres Centros Regionales de Ejecución, entre otros órganos de nueva creación en diversas materias”.
Resaltó que en lugar de menos recursos, se necesitan más para garantizar acceso a la justicia, toda vez que en el país hay 2.2 jueces por cada 100 mil habitantes; es decir, la mitad del promedio que hay en el continente americano y ocho veces menos que lo registrado a nivel mundial, según el Índice de Paz México. Por eso, vemos juzgados saturados y retrasos en los procesos. Con la asfixia presupuestal y el hostigamiento al Poder Judicial desde los otros poderes, perdemos todos, pierde México.
En otro aspecto, insistió en su preocupación de que en lugar de eliminar privilegios se pretenda socavar contrapesos. “Es muy grave que el Ejecutivo y el Legislativo busquen minar a otro poder para someterlo a su voluntad. Cada Poder de la Unión debe ser un límite para los otros, deben fungir como pesos y contrapesos. La separación de poderes es una garantía constitucional que tenemos los mexicanos para vivir en democracia y evitar un régimen autoritario”.
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