Tanto el INE como el INEGI pueden ver comprometidos varios de sus programas fundamentales ante el fuerte recorte presupuestal aprobado por los diputados. Austeridad no debe significar entorpecer el trabajo de los organismos autónomos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció el pasado 24 de enero que debido al recorte sufrido en su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el año 2019, se vio obligado a cancelar algunas de sus encuestas, así como el ajuste salarial de su personal.
Señaló que analiza la posibilidad de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con el Instituto, para cumplir con sus operaciones y realización de sus actividades habían solicitado un presupuesto de 17 000 millones de pesos, sin embargo el presupuesto aprobado fue de 12 129.6 millones, lo cual significó un recorte considerable que les impide el cumplimiento de todas las actividades programadas.
Por tal motivo, el INEGI tuvo que realizar un ajuste de programas rutinarios y para el personal implicó la reducción de remuneraciones de 68 servidores, la cancelación del seguro de separación individualizada de 8 581 plazas y el de gastos médicos mayores de 12 041 trabajadores.
Además, un total de 14 encuestas que el instituto realiza para diferentes mediciones en temas importantes fueron canceladas.
Los proyectos cancelados fueron los siguientes:
Encuesta Nacional Agropecuaria
Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares
Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas
Encuesta Nacional de Micronegocios
Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad
Encuesta Nacional de Trabajo Infantil
Encuesta sobre Confianza del Consumidor con Cobertura Regional
Encuesta Nacional de los Hogares
Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y de la Delincuencia
Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo
Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Julio Santella, presidente del Instituto, si bien reconoció la importancia de una cultura de la austeridad, también señaló que la reducción de salarios y la cancelación de prestaciones no es la mejor política de recursos humanos para retener al personal, pues es una visión “miope” que favorece la corrupción.
INE también padece fuerte recorte presupuestal
Ante el recorte aprobado por el Congreso de 950 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, el organismo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional al considerar que dicho recorte representa una vulneración a la independencia y autonomía del Instituto.
En comunicado de prensa el INE insistió que “la drástica reducción presupuestal” aprobada en diciembre pasado, le complica la organización de los procesos electorales que se celebrarán durante 2019 en los estados de Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas.
Señaló también la complejidad a la que se enfrentaría para expedir gratuitamente millones de credenciales de elector, fiscalizar los recursos de los partidos políticos y monitoreo en medios de comunicación.
Mencionaron que en el INE está conscientes de la necesaria política de austeridad y sensibilidad social, pero recordaron que esto no debe impedir contar con los recursos necesarios para cumplir a cabalidad con todas sus atribuciones.
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