Existe un trato desigual y discriminatorio en la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pues mientras los proyectos públicos se han resuelto en un lapso de entre 36 y 55 días, los particulares han tardado hasta 199 días, lo que ha ocasionado que estén detenidos mil 545 proyectos, además de que las autoridades envían una señal negativa para las nuevas inversiones y provocan una merma en las actuales, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Señaló que esta situación denota un trato desigual entre los solicitantes por lo que condenó que “no hay razón para que se agilicen los trámites a obras del gobierno y se entorpezcan los de las empresas” al mismo tiempo de alertar que estas conductas “podrían ser violatorias del T-MEC por trato discriminatorio de proyectos públicos sobre los particulares”.
Abundó que a pesar de que la Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) en su artículo 35 bis, prevé 60 días hábiles para emitir la resolución del MIA, las obras insignia del gobierno Federal como el Tren Maya Tramo 5 Norte, la Ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA, en Tultitlán, Estado de México y la Central Turbogas González Ortega en Mexicali, Baja California, tuvieron respuesta en 36, 55 y 49 días respectivamente.
En contraste, planes privados en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur, acumulan, hasta mil 364 días sin resolutivo, acusó.
El sindicato empresarial reveló que como consecuencia de la falta de resolución de la MIA están detenidos mil 545 proyectos privados, lo que envía una señal negativa para las nuevas inversiones y ha provocado una merma en las actuales.
Ante esto, la Coparmex, que dirige José Medina Mora Icaza, hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que agilice la resolución del MIA e instó a las autoridades a conducirse conforme a lo que establece la normatividad vigente para procurar el cuidado del medio ambiente e impulsar la inversión que genera empleos y calidad de vida.
El organismo patronal aseguró que el retraso en el otorgamiento de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y de cambios de uso de suelo de los proyectos privados que se encuentran detenidos, corresponden en su mayoría a desarrollos del sector turístico, inmobiliario, carretero, minero y de extracción en bancos de materiales, produce un impacto negativo en la generación de empleos e implica desaprovechar el atractivo de México para el nearshoring.
“Sabemos de la importancia de contar con una MIA, que acompañada de otros instrumentos, permite prevenir daños a los recursos naturales a través de la identificación de mecanismos de atenuación, mitigación y compensación del posible impacto; por lo cual, instamos a la autoridad a responder de manera más ágil a este trámite en beneficio del medio ambiente y del desarrollo de programas en armonía con su entorno”, subrayó.
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