La elección judicial programada para 2025 en México será un momento crucial para el sistema de justicia del país. Este proceso definirá la composición de los tribunales que desempeñarán un papel esencial en la garantía del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la impartición de justicia de manera imparcial.
Y es que pese a que el mismo ejecutivo, fue quien propuso la reforma al Poder Judicial en donde se establecía, entre muchas cosas, la votación popular de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actualmente el Instituto Nacional Electoral ha asegurado que les falta tiempo y dinero para las elecciones.
El registro para los aspirantes a jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras, creado por el Gobierno de México y presentado por Claudia Sheinbaum, finalizó el 24 de noviembre y las votaciones se llevarán a cabo el 1 de junio de 2025. “Se tomará en cuenta cualidades como la honestidad y la probidad”, dijo el gobierno.
Aunque ya inició el proceso, organizaciones han llamado a tomar con la seriedad necesaria las elecciones del Poder Judicial, pues en 6 meses se elegirá a quienes serán el contrapeso para el Estado y se encargaran de hacer que la justicia se imparta; sin embargo, no hay presupuesto fijo aún y aseguran que el tiempo es muy poco.
Elecciones judiciales con presupuesto austero sin claridad
En noviembre, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, explicó a Joaquín López-Dóriga que se había solicitado una extensión para que la elección judicial, se moviera al 1 de octubre de 2025, pues necesitaban “ajustar algunos procedimientos, ajustar algunos tiempos, sin poner en riesgo la calidad del proceso”
Pero se negó la petición, y el 11 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que tras el cierre de la convocatoria el 24 de noviembre, 18 mil 477 personas se habían registrado para un cargo; de ellas, 15 mil 533 expedientes ya se habían revisado y ocho mil 626 cumplían con los requisitos. Reportó avances del 84 por ciento.
Aunque Sheinbaum informó de un avance de más del 80 por ciento, el INE, la institución encargada de desarrollar las elecciones judiciales, reportó que aún no se llega a un acuerdo respecto al presupuesto, pues aunque se han hecho varias propuestas, surgen inconsistencias que exigen una mejorar o modificar la distribución del dinero.
Inicialmente, el presupuesto, para las elecciones judiciales era de 13 mil 205 millones, pero un grupo, encabezado por Taddei, presentó un recorte del 46.4 por ciento, dejando el presupuesto en seis mil 132 millones de pesos, cuatro mil 629 millones que se iban a destinar a la consulta popular que fue cancelada y mil 292 millones que serían recortados de otros proyectos.
Pero tampoco se pudo dar luz verde al monto, ya que consejeros destacaron que, los mil 292 millones que se planeaban tomar de otros proyectos, son muy importantes para programas del Instituto y propusieron que la elección judicial se celebre con cuatro mil 349 millones de pesos, monto aprobado en la cámara baja.
Para las elecciones presidenciales, que se celebraron en junio de 2024, y donde había en juego 20 mil cargos, el INE tuvo un presupuesto de 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos, que se destinó al financiamiento de partidos, a la capacitación de miles de funcionarios de casilla, voto en el extranjero, organización, papelería, etcétera.
Sin embargo, para las primeras elecciones judiciales, y en las que al momento ya hay ocho mil 626 candidatos que cumplen con los requisitos, el presupuesto es sumamente austero e incierto, y de hecho, el INE ya adelantó que las elecciones no tendrán voto en el extranjero, tampoco habrá conteo rápido, entre otros aspectos.
Las elecciones judiciales de 2025 se perfilan como un proceso histórico y crucial para el fortalecimiento del sistema de justicia en México, pero el presupuesto asignado a este proceso resulta sumamente austero, lo que pone en riesgo la calidad, transparencia y eficacia de una elección que definirá el futuro del Estado de derecho en el país.
Por lo que, es indispensable que las autoridades revisen con urgencia la asignación presupuestal para estas elecciones y garanticen un proceso transparente y eficiente que respalde el papel esencial del Poder Judicial como contrapeso y garante de la justicia. Este proceso debe ser una prioridad nacional para asegurar un futuro donde la justicia sea verdaderamente un pilar de la democracia mexicana.
¿Cómo afectaría que las elecciones judiciales no vayan a tener conteo rápido ni voto en el extranjero?
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