“Es un tema inédito en materia de ejercicio de derechos políticos, debido a que nunca hemos instalado casillas dentro de las prisiones”, señaló Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo del INE en San Luis Potosí.
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara un programa piloto para que las personas que están en prisión preventiva sin sentencia puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones federales del 2021.
En el marco de una reunión del grupo de trabajo del Proceso Tecnológicos del INE, se explicó a los representantes de los partidos políticos que el proyecto tiene como fin el dar cumplimiento a un par de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se establece que se deben idear y establecer medidas para que las personas privadas de la libertad sin sentencia puedan sufragar.
El programa piloto se aplicará en los comicios del próximo año en algunos centros de reclusión ubicados en Sonora, Michoacán, Chiapas, Guanajuato y Morelos, pero será sólo para elegir diputado federal.
Las Juntas Locales del INE deberán crear las listas de personas que se encuentran en prisión preventiva, solicitando el nombre con apellidos paternos y maternos, así como el sexo, la fecha de nacimiento, la Clave Única del Registro de Población, entidad de residencia y entidad de nacimiento y sobre todo que se cuente con la credencial de elector vigente.
El instituto calcula que en enero se tendrá la lista nominal para comenzar con la distribución de las boletas, que será muy parecido al modelo de voto desde el extranjero, que consiste en enviar en un sobre cerrado la boleta electoral.
El vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, señaló que el acercamiento se enfocó con la intención de conocer la población aproximada, a manera de muestra, que pudiera estar en condiciones de emitir su voto el año próximo y ser parte de la toma de decisiones en materia electoral.
“Recordemos que, durante el proceso electoral de 2018, dos indígenas fueron aprehendidos en Chiapas y por consiguiente se les impidió votar, enseguida se fueron al tribunal para manifestar que estaban siendo privados de su derecho a elegir a sus gobernantes, lo cual acabó en una resolución de la Sala Superior que ordenó al INE establecer mecanismos para garantizar a cualquier ciudadano privado de su libertad y que no ha recibido sentencia, la posibilidad de sufragar”, explicó.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta junio del 2020 se tenía un registro de 73 mil 629 personas privadas de la libertad procesadas en el fuero común, mientras que en el fuero federal son 11 mil 636. Tendrían acceso al voto 85 mil 265 personas.
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