Las autoridades deben aprovechar el amplio apoyo social para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes y en muchos casos vinculadas a redes criminales, recomendó Transparencia Mexicana.
A pesar de que el combate a la corrupción es uno de los ejes principales del actual gobierno, México se ubicó en la posición 124 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional en la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
La calificación obtenida por México de 31 puntos es la misma que también obtuvieron Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea, además de ser, una vez más, el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
Por otra parte, entre las naciones que conforman el G20, México se ubicó en la posición 18, por encima de Rusia que ocupa el lugar 19, cabe señalar que en este grupo al cual pertenece la Unión Europea esta no es evaluada en bloque sino por país.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es un instrumento que registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas.
Ni para atrás, ni para adelante
En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
Los países mejor evaluados en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur obtuvo solo 11 puntos.
Compromiso en deuda
De acuerdo a Transparencia Mexicana, representante de Transparencia Internacional en el país, el combate a la corrupción es un anhelo de la sociedad mexicana y uno de los factores que definió la elección federal en 2018.
El análisis señala que a pesar de que la lucha contra la corrupción ha sido el eje principal del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y es uno de los temas que cuenta con un amplio apoyo social para avanzar, los casos definidos como emblemáticos como lo son la Estafa maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, expresidentes, entre otros, no han derivado aún en sanciones en materia penal así como tampoco se han recuperado los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción, además de que la reparación del daño a las víctimas es prácticamente inexistente.
Asimismo, advierte que hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga.
Índice de Percepción de la Corrupción 2021
México obtiene una calificación de 31 puntos en el #IPC2021 (la mejor calificación posible es 100 puntos) y se ubica en la posición 124 de 180 países evaluados.
Consulta el informe y las recomendaciones en: https://t.co/Rl0saMyNrF
— Transparencia Mexicana (@IntegridadMx) January 25, 2022
Recomendaciones para avanzar efectivamente
Además de analizar la situación por la que atraviesa el país, Transparencia Mexicana emitió una serie de recomendaciones que pueden servir para aminorar la corrupción en el país.
Destaca que la gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas. Los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional.
Por otra parte, indica que las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos, y subraya que es fundamental mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de anticorrupción.
Asimismo, observa que uno de los eslabones más débiles de la política anticorrupción en México, y no solo en el gobierno federal, es la recuperación de activos, por lo que apremió a cumplir la promesa gubernamental de “devolverle al pueblo lo robado”.
Finalmente, señaló que las autoridades deben aprovechar el amplio apoyo social en esta materia para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes y en muchos casos vinculadas a redes criminales.
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