El llamado plan B será la reforma electoral más impugnada en el Poder Judicial por la premura con la que fue aprobada por el Congreso, pero también por sus alcances y posibles repercusiones en el diseño institucional para organizar elecciones en el país, afirma un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
El informe titulado Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B), elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, contabilizó que al 1 de febrero se habían presentado diversos recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales son un juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, así como una controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental.
En los recursos interpuestos, los actores inconformes alegan principalmente violaciones al proceso legislativo, afectaciones a la autonomía del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos e incluso que se pone en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.
Como parte de la investigación, esta muestra algunas de las posturas que tanto el gobierno como “sus bancadas en el Congreso” sustentaron a favor del plan B, entre los que destaca el argumento de la austeridad con la cual afirmaron que buscan que de proceder las reformas se generaría un ahorro superior a los tres mil millones de pesos en los procesos electorales.
Cabe destacar que el artículo 105 constitucional prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales, por lo que la SCJN deberá resolver antes de junio de este año de cara al proceso electoral de 2024 que, de acuerdo con la legislación vigente, inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023.
El estudio del Instituto Belisario Domínguez destaca que esta resolución será fundamental para abonar a la certeza jurídica sobre la competencia electoral y la estabilidad política del país, y advierte que para invalidar el Plan B se requiere que una mayoría calificada del pleno de la Corte vote en ese sentido.
En los próximos días, el Senado de la República discuta el paquete pendiente de la reforma electoral que, entre otras cosas, plantea la compactación y reestructuración del INE, así como la eliminación de la cláusula de “vida eterna a partidos”.
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