En México, los organismos autónomos son herencia del constitucionalismo americano, surgen como parte de la división de poderes, son mecanismos de control y equilibrio del ejercicio del poder público.
Los organismos autónomos están en riesgo por “la intromisión de funciones por parte del poder político”, así como en la sustitución de los titulares “que pueden significar un riesgo de captura con la parte presupuestal”, aseguró Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Los riesgos a la autonomía de los organismos constitucionales autónomos hoy vienen desde muchos lados. Tenemos riesgos a propósito de la usurpación inconstitucional de facultades; todo parece indicar que iremos a la primera ocasión que se hace una consulta popular, organizada como lo dice la Constitución, porque hasta ahora se habían realizado mecanismos que no estaban ordenados bajo el marco legal vigente”, anticipó al participar en la mesa redonda: “La Función de la División de Poderes y los órganos Constitucionales Autónomos en el Presidencialismo Carismático en México”, organizado por el Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en Universidades Extranjeras de Excelencia (COPUEX).
El consejero presidente del INE señaló que los organismos constitucionales autónomos son mecanismos de control y de contrapeso en el ejercicio del poder político y sus decisiones pueden ser revisadas, son reflejo del proceso de transición y consolidación democrática del país, “pero están en riesgo de una usurpación inconstitucional de facultades”, alertó.
Lorenzo Córdova explicó que en México los organismos autónomos son herencia del constitucionalismo americano, surgen como parte de la división de poderes, son mecanismos de control y equilibrio del ejercicio del poder público y todos cumplen funciones que no existían o estaban encomendadas y concentradas en el presidencialismo.
En el caso del INE, delineó las funciones primordiales que tiene en términos de control o contrapeso: la organización de elecciones con criterios técnicos y no políticos; el arbitraje electoral; la fiscalización, que ha permitió que no haya un sujeto, una persona pública, privada, física, o moral, que esté exenta a la capacidad del arbitraje del propio instituto, y la cultura cívica.
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