Que los miembros de las Fuerzas Armadas hayan sido obligados a ejercer funciones constitucionales que no les corresponden, los ha colocado en una posición de vulnerabilidad frente a la crítica social.
A fin de fijar una delimitación clara y objetiva sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, la senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, presentó una iniciativa para expedir la Ley que Regula la Participación Transitoria de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.
Al fundamentar su iniciativa, la legisladora reconoció que si bien existe un clamor popular que exige respuestas inmediatas al problema de inseguridad que aqueja al país, el hecho de que miembros de las Fuerzas Armadas hayan sido obligados a ejercer funciones constitucionales que no les corresponden, los ha colocado en una posición de vulnerabilidad frente a la crítica social.
“Nuestras Fuerzas Armadas no merecen esa posición y no merecen esa incertidumbre, merecen nuestro reconocimiento y todo nuestro respaldo. Como legisladoras y legisladores, el mejor respaldo que podemos brindarles es el institucional, mediante una regulación que norme su participación en tareas de seguridad pública propias de autoridades civiles”, resaltó Ruiz Massieu.
La legisladora recordó que en marzo de 2019 se reformó la Constitución para permitir al presidente de la República desplegar a las Fuerzas Armadas por un periodo máximo de cinco años, a fin de abatir el incremento de la incidencia criminal e inseguridad, siempre y cuando esa acción se sujetara a ciertas condiciones o limitaciones.
Sin embargo, la senadora denunció que no se reguló ni definió el tipo de participación, ni se incluyeron medidas para fiscalizar, subordinar y complementar las actividades propias de los cuerpos civiles.
Por tal motivo, la legisladora señaló que “si las Fuerzas Armadas no son las indicadas per se para realizar funciones de seguridad pública, lo conducente es que su intervención en actividades que no le son propias, se encuentre estrictamente regulada”.
La iniciativa de Ruiz Massieu contiene una propuesta concreta que propone incorporar los principios que deben regir y guiar la participación de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública, al tiempo que define con claridad sus facultades y obligaciones.
Asimismo, contempla establecer mecanismos para que las entidades federativas puedan solicitar el apoyo de la Fuerza Armada Permanente a fin de atender problemáticas específicas de incidencia criminal en un lugar determinado.
Uno de los puntos que también se contemplan en la iniciativa es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sea el órgano de fiscalización permanente de las actividades de la Fuerza Armada cuando estas se encuentren desempeñando labores de seguridad pública.
Por otra parte, el documento presentado por Ruiz Massieu prevé que se establezca la obligación, a cargo del titular del ejecutivo federal, para presentar un plan de retiro gradual de la Fuerza Armada Permanente para retomar sus responsabilidades constitucionales, mismo que deberá ser revisado y aprobado por el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.
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