La aprobación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) es un despropósito que borró de un plumazo 42 años de experiencia acumulada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Además, aseguró que su contenido es “centralista, excluyente, violatorio de los derechos humanos y profundiza la militarización del país”.
El sindicato patronal se quejó del proceso “fast-track” a través del cual los legisladores dieron luz verde a los cambios a la ley, al recordar que estos se dieron en el llamado “viernes negro”. Además, criticó que no se contó con la deliberación requerida al grado de dejar inconclusos los siete parlamentos abiertos que se tenían programados, de los cuales solo se realizaron dos.
“Se trata de una norma que no atendió ni consideró las opiniones de expertos, de la sociedad civil, del sector empresarial ni de los investigadores y estudiantes. Se trató, por lo tanto, de la expedición unilateral de una Ley que no contiene las aportaciones diversas y plurales de la comunidad”, apuntó la patronal.
La Coparmex exhortó a los legisladores a “agotar las instancias legales para que se determine la validez y constitucionalidad de una norma con marcados vicios de origen”.
El organismo empresarial indicó que la tecnología, la ciencia y las humanidades forman parte de los motores fundamentales para el crecimiento, desarrollo, bienestar y competitividad de los países y de las sociedades, de ahí que requieren de una visión de país incluyente y de futuro, donde las voces de los académicos e investigadores sea escuchada y respetada.
Asimismo, también calificó que es “muy alarmante” que la nueva norma establezca que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades y Tecnologías se integre exclusivamente por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y deje fuera a universidades, centros de investigación, academia y asociaciones de instituciones de educación superior que, si bien pueden ser invitadas a las sesiones de la Junta de Gobierno, cuentan con voz, pero no con voto.
Hizo notar que de esta manera se margina a la comunidad científica y académica del país de la toma de decisiones neurálgicas en la materia al tiempo que se fortalece la militarización que se ha venido dando en el país, en este caso en el campo correspondiente a la ciencia y el conocimiento, pues entre las dependencias que integran la citada junta, se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) sin justificación alguna para ello.
Otros aspectos graves que la Coparmex puntualizó es que con esta nueva disposición se elimina la obligatoriedad del Estado de invertir al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia, tecnología e innovación, además de que se discrimina a los estudiantes e investigadores de instituciones particulares de educación superior en la entrega de becas, apoyos y estímulos relacionados con la formación e investigación científica.
Señaló que esta ley restringe el fomento y apoyo a proyectos y actividades de investigación diversos, que no sean prioritarios -según lo considerado en la Agenda Nacional- lo cual vulnera la libertad académica y de investigación y agrega un grado de discrecionalidad en la materia, todos, aspectos profundamente riesgosos y regresivos.
El organismo empresarial aseguró que el impulso a la innovación y el crecimiento debe tener como atributo la investigación e innovación con impacto social, lo que implica un respaldo decidido al talento, así como a los incentivos a emprendedores, empresas y universidades.
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