La SHCP propuso nuevas obligaciones en materia de auditoría que omiten aspectos técnicos y ponen en riesgo, incluso, la libertad de las personas que ejercen la Contaduría Pública, alertó el IMCP.
A pesar de calificar como positivas algunas propuestas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en el Paquete Fiscal 2022, a fin de combatir frontal y decididamente la evasión fiscal, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) advirtió que también se contienen aspectos que podrían poner en riesgo la actividad profesional de los contadores públicos e incluso su libertad, por lo que pidió a los legisladores modificarlos antes de votarlos y aprobarlos.
Si bien, el instituto consideró como favorable para incrementar la recaudación del país que la propuesta del paquete fiscal para el próximo año contemple la obligación para que los contribuyentes con ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior por 876 millones 171 mil 996.50 pesos estén obligados a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, indicó que desde un punto de vista técnico, los contadores públicos resultarían afectados al establecerse para los profesionales de esta actividad nuevas obligaciones.
En este sentido, mencionó que la SCHP propuso una reforma al Artículo 52, fracción II del Código Fiscal de la Federación, con lo que se establecería una nueva obligación para el contador público auditor de informar a las autoridades cuando un contribuyente ha incumplido las disposiciones o cuando este ha llevado a cabo una conducta que puede constituir la comisión de un delito fiscal; la omisión en estos casos puede acarrear severas sanciones al auditor, que van desde la suspensión por tres años del registro del contador público hasta prisión de tres a seis años.
Al respecto, el IMPC indicó que con esta adición, la autoridad no considera que, aún realizada de conformidad con las Normas Internacionales aplicables, la auditoría tiene limitaciones técnicas inherentes que implican el riesgo de que algunos errores significativos pudieran no ser detectados.
Asimismo, señaló que con dicha reforma, la autoridad hacendaria transferiría a la Contaduría Pública inscrita una responsabilidad del contribuyente, que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales; al mismo tiempo y de forma errónea, le atribuye al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en Derecho.
De aprobarse en el Poder Legislativo dichas obligaciones, el auditor, es decir, el Contador Público inscrito, perderá la imparcialidad e independencia que requiere llevar a cabo un dictamen fiscal, pues estaría asumiendo tareas gerenciales que le son ajenas, aclaró el IMCP.
Además, hizo notar que el contador público no está calificado como perito en el código aduanero, lo que imposibilita cumplir con la labor de detectar incumplimientos de obligaciones en esta materia.
“En el IMCP consideramos respetuosamente que dichas modificaciones no son acordes con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que apelamos a la apertura y sensibilidad de las autoridades para modificar el proyecto de ley presentado el 8 de septiembre de 2021”, reiteró.
Por lo que insistió en que es necesario que los legisladores hagan a tiempo los ajustes correspondientes a la propuesta de reforma, pues evitarán afectaciones graves al quehacer profesional de la Contaduría Pública, así como injusticias y distorsiones a su rol estratégico en el crecimiento de las empresas en México.
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