El impacto socioeconómico generado por la emergencia sanitaria ocasionó que México regrese a niveles de pobreza de hace 10 años, según documenta el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 del Coneval.
Los problemas económicos, de salud y sociales por los que atravesaba el país se han acrecentado debido a la pandemia, por lo que “las disyuntivas de acción pública en este contexto son de gran complejidad, ya que se tiene que enfrentar en forma simultánea las condiciones preexistentes de desarrollo social del país, con los procesos secundarios a la propagación del COVID-19 que afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población”.
Así lo señala el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que documenta el impacto socioeconómico de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México y entre sus principales hallazgos identificó que el país regresó a niveles de pobreza de hace 10 años, que existe un gran rezago en seguridad social y que los grupos vulnerables, ya de por sí en desventaja, han sido los más afectados a consecuencia de la pandemia.
El informe que consta de 322 páginas, hace un exhaustivo análisis de la información que se conoce sobre la situación social del país a 10 años de la medición de pobreza, con dos elementos contextuales: la implementación de la actual política social implementada por el gobierno federal y los efectos del COVID-19.
El documento advierte que derivado de la pandemia podría incrementarse la inseguridad alimentaria, principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico, poniendo en riesgo los avances observados en la reducción de la carencia por acceso a la alimentación.
En el caso del derecho a la educación, destaca que puede haber afectaciones derivadas del tránsito al modelo de enseñanza virtual, que tiene que considerar el acceso desigual a las tecnologías de la información y que puede implicar complicaciones que afectan la calidad educativa. Lo anterior puede incidir negativamente en el avance logrado en materia de rezago educativo, así como en el desempeño escolar y la permanencia en el sistema.
En el contexto actual de la contingencia sanitaria, señala el informe, el acceso a seguridad social cobra aun mayor relevancia, dado que proporciona mecanismos de protección ante riesgos de salud asociados con el trabajo, la inseguridad económica y factores inherentes al curso de vida de las y los trabajadores y sus familias. No obstante, hasta 2018, el 57.3 por ciento de la población presentaba carencia por acceso a este derecho social, lo que la coloca en una mayor situación de vulnerabilidad ante las afectaciones de la crisis.
Otro de los aspectos en que pone énfasis el análisis del Coneval, es el de los impactos derivados de la reducción de las actividades económicas, lo que podría generar un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos, y de entre 6.1 y 10.7 millones de personas con ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, por lo cual recomendó priorizar la garantía a la población el acceso básico a los bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de los derechos sociales.
Por otra parte, observa que a pesar de que existe “una ligera disminución en el porcentaje de población en pobreza laboral”, esta fue mayor en septiembre del año pasado con un registro de 44.5 por ciento, mientras que en abril de 2020 el porcentaje era de 35.7 por ciento.
En otras cifras en materia de trabajo, el estudio identificó un aumento de 3.4 a 5.2 por ciento en la desocupación registrada entre el primer y el tercer trimestre de 2020 y señala que aunque la tasa de informalidad se redujo entre abril y septiembre de 56.1 a 54.2 por ciento, la tasa de subocupación tuvo un aumento considerable, pasando de 8.5 a 17 puntos porcentuales. Finalmente, entre marzo y diciembre de 2020 se registró la pérdida de 709 mil 211 empleos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Política social de la 4T
El informe del Coneval indica que existe el riesgo de que las afectaciones de la pandemia por COVID-19 reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales hasta 2018, por lo que urgió a reforzar la atención a grupos vulnerables y garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de sus derechos.
Agrega que, si bien, existe una clara intención por construir un sistema de bienestar universal, los Programas Integrales de Bienestar se enfocan principalmente en las transferencias directas de apoyos económicos, más que en la prevención, mitigación y atención de los riesgos que enfrentan las personas en las distintas etapas del curso de vida.
Asimismo, en cuanto al modelo de coordinación que el actual gobierno federal está haciendo de los programas sociales, el estudio identificó que con la intención de llevar a cabo un proceso eficiente se redujo el número de intermediarios. Actualmente quienes participan en este modelo implementado por las autoridades son los Servidores de la Nación, así como los Centros Integradores de Desarrollo, lo que en teoría deberían simplificar la gestión del quehacer gubernamental al lograr una mayor proximidad con los servicios que ofrecen.
Sin embargo, la investigación destaca que no se encontró evidencia concreta del involucramiento de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo en procesos medulares del funcionamiento de estos programas, tales como la planeación.
Frente a esta evidencia, el Coneval señala que es necesario delimitar las responsabilidades y actividades de cada uno de los actores involucrados en el proceso de implementación de los Programas Integrales de Bienestar con el objetivo de que se fortalezca la coordinación, se evite la duplicidad de funciones y se mejoren los canales de comunicación que incidan en el funcionamiento de dichas intervenciones.
Además, hace énfasis en que existen áreas de oportunidad en la calidad de información generada para la conformación del Padrón Único de Beneficiarios, mejora continua de los programas y la difusión de calendarios de entrega de apoyos.
El documento sugiere que los Programas Integrales de Bienestar deberían cubrir la totalidad de los riesgos que se asocian con una o más de las cuatro etapas del curso de vida de las personas: niñez, adolescencia y juventud, adultez y vejez.
“Una articulación coherente entre sus objetivos, poblaciones y apoyos entregados posibilitaría cumplir con una aproximación como la señalada. Lo anterior no supone que deba existir un programa específico que atienda por sí solo cada uno de los riesgos, sino que, mediante una articulación efectiva de diversos programas, las personas podrán recibir protección efectiva de manera integral ante las emergencias que representan”, resalta.
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