A pesar de que desde hace a cinco años entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, México “no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas”, afirmó Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En un videomensaje que se proyectó en el Museo Memoria y Tolerancia con motivo de un aniversario más de la puesta en marcha de esta normatividad, Türk reconoció su importancia al tiempo de mencionar que ha inspirado a otros países a revisar sus propios marcos jurídicos en la materia.
Asimismo, hizo un reconocimiento y mostró su respeto a las familias de las víctimas, quienes han sido artífices de esta ley. Es “uno de los grandes logros de un notable movimiento liderado por las familias, desde las familias y para las familias de las personas desaparecidas”, indicó.
El alto comisionado de la ONU indicó que en México esta ley ha proporcionado algunos avances alentadores, como la creación de instituciones especializadas en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas; sin embargo, consideró que es necesario reforzarlas. “Las autoridades aún tienen que aplicar todo lo que ofrece la ley sobre desapariciones para devolver a las personas desaparecidas a sus familias, erradicar la impunidad casi absoluta en torno a estos delitos y evitar que otras personas corran la misma suerte”, subrayó.
Volker Türk observó que en México actualmente sólo se procesan entre el dos y el seis por ciento de los casos de desaparición y hasta la fecha se han logrado menos de 40 condenas.
Asimismo, indicó que según los registros oficiales de hace cinco años se tenían registrados más de 47 mil casos de desapariciones, de ese tiempo a la fecha, dijo, han desaparecido al menos otras 45 mil personas y en el caso de otras 17 mil las autoridades no han determinado con exactitud cuándo se produjo la desaparición.
Denunció que a pesar de que la ley en esta materia entró en vigor desde hace cinco años, la implementación de las herramientas exigidas por la misma sigue siendo insuficiente toda vez que aún no se ha creado el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Programa Nacional de Exhumaciones; el Programa Nacional de Búsqueda y el Reglamento de la Ley.
Advirtió que la desinformación y la insensibilidad ante estos delitos siguen siendo generalizadas entre muchos funcionarios públicos y los criterios para determinar su responsabilidad no se aplican adecuadamente. Además, hizo notar que la militarización de las funciones de seguridad y policiales siguen profundizándose, situaciones que aseveró “son graves afrentas a los derechos humanos”.
El alto comisionado aseguró que los hombres, las mujeres, los niños y las niñas en este país no son mercancías desechables que puedan desaparecer o sufrir daños sin que se respeten sus derechos, por lo que dijo que “es imperativo hacer efectivos los derechos a la justicia, la verdad, la búsqueda, la reparación, la memoria y la seguridad de quienes buscan a sus seres queridos y las garantías de no repetición para la sociedad en su conjunto”.
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