La percepción sobre la corrupción en México mejoró al avanzar seis lugares y colocarse en el sitio 124 de entre 180 países evaluados; sin embargo, el riesgo de impunidad ante los grandes casos de corrupción sigue latente.
México mejoró en seis puntos su calificación en el Índice de Percepción de Corrupción 2020 al ubicarse en el lugar 124 de 180 países cuando el año pasado ocupaba el sitio 130. A pesar de ello, sigue siendo el peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al estar en la posición 37 de 37 países que integran este organismo.
Así lo revela la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, el cual resalta que a pesar de que los datos arrojados por el estudio muestran una tendencia positiva para el país, México no recupera aún su mejor evaluación histórica que fue de 35 puntos en 2014.
El organismo dijo que en el caso mexicano un “tema delicado” es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública.
Y recordó que el año pasado Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos fue sancionado en nuestro país, por lo que consideró que “el riesgo de impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente”.
El informe que evalúa la situación de 180 países del orbe hace recomendaciones a cada uno de ellos a fin de coadyuvar en el combate contra la corrupción.
En el caso de México y en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, Transparencia Internacional considera que deben fortalecerse las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
En lo que corresponde a la ASF, recomienda que este organismo fiscalice el gasto público en tiempo real con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales y de reactivación económica.
Por otra parte, advierte que el INAI debe concentrarse en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria.
En tanto que la Fiscalía General de la República (FGR) y las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.
COVID-19 y corrupción
El informe de Transparencia Internacional hace un especial énfasis en cómo se ha desarrollado la corrupción ante la presencia de la pandemia. A este respecto, el análisis señala que “las actuaciones de emergencia en respuesta a la COVID-19 han revelado profundas grietas tanto en los sistemas sanitarios como en las instituciones democráticas, poniendo de relieve que, en multitud de casos, las personas que están en el poder o controlan las finanzas del estado sirven a sus propios intereses en lugar de los de las personas más vulnerables”.
Asimismo, el análisis destaca que durante el tiempo que ha durado la pandemia de COVID-19 se han presentado en el mundo casos de corrupción con situaciones que van desde el soborno hasta la malversación de fondos, pasando por la inflación de precios y el favoritismo, “la corrupción en la sanidad adopta formas muy variadas”, resalta.
La corrupción sigue contribuyendo al retroceso democrático durante la pandemia de COVID-19. Los países que presentan un alto nivel de corrupción emprenden acciones menos democráticas para hacer frente a la crisis.
Para luchar contra el COVID-19 y mitigar la corrupción, Transparencia Internacional aseveró que es esencial que los estados se comprometan en cuatro acciones concretas: reforzar los organismos de supervisión; contar con procesos de contratación abiertos y transparentes; defender la democracia y fomentar el espacio público, y por último, publicar datos pertinentes y accesibles.
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