La ciudadanía se mostró decepcionada con el mensaje de AMLO ya que esperaban diera a conocer un plan estratégico para contener los daños a la salud y la economía por el COVID-19, y no sólo retórica ideológica.
Solo en el Palacio Nacional, sin público que como de costumbre vitoreara y aplaudiera sus dichos populacheros, sus reproches a las administraciones anteriores y sus promesas al pueblo. Detrás de sí para ayudarlo a ser visible, el escenario era de fondo blanco, igual que su voz para su discurso autoproclamado como el del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había prometido contendría un plan estratégico para responder a las crisis derivadas del COVID-19.
En alrededor de una hora AMLO se concretó a señalar que, ante la emergencia sanitaria actual, el país tiene las condiciones necesarias para recuperarse y que el gobierno federal ha emprendido acciones para apoyar a la población más vulnerable del país a través de los programas sociales y de desarrollo los cuales aseguró que este año llegarán a 22 millones de beneficiarios.
También dijo que se otorgarán dos millones 100 mil créditos personales, de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal, y prometió que en nueve meses se crearían dos millones de nuevos empleos.
Sin pies ni cabeza
AMLO se dijo optimista frente al COVID-19 y marcó la diferencia con la forma de actuar de administraciones anteriores las cuales aseguró que “frente a las crisis recurrentes, los gobernantes decían que ‘ni modo’ y que ‘no había de otra’; para ellos, lo mejor era lo que llamaban ‘realismo económico’: contratar más créditos, rescatar a grandes empresas y bancos, convertir deudas privadas de unos pocos en deuda pública; establecer privilegios fiscales, aumentar precios de combustibles y de los servicios públicos, disminuir salarios, despedir a trabajadores, eliminar o reducir la seguridad social. Ahora ya no es la misma receta; ahora, primero es el bienestar del pueblo y después lo mismo, el bienestar del pueblo, y nunca jamás los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad”.
El mensaje del presidente careció de estrategias y sólo repitió sus postulados ideológicos, ante lo que líderes sociales, de partidos políticos, gobernadores, empresarios y la población en general reaccionó negativamente reprochando al presidente a través de las redes sociales. Asimismo, a los inversionistas tampoco les satisfizo lo expresado por el mandatario lo que se reflejó en el incrementó del dólar que se cotizó en 25.70 pesos por unidad de la moneda norteamericana, lo que significó un nuevo máximo histórico.
Etiquetas como #AMLOseVA o #InformeDeGobierno se convirtieron en tendencia dado que miles de personas expresaron su decepción después de escuchar el mensaje del presidente con comentarios como “¿No iba a anunciarse un mega plan económico ante la crisis del COVID-19? Esto es el quinto (¿o cuántos van?) informe de gobierno”.
Propuestas concretas
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que el país se encuentra en una difícil situación financiera, preliminarmente ha estimado que durante el presente año la economía mexicana se contraerá en al menos 4 por ciento, al tiempo que prevé que se perderán más de 200 mil puestos de trabajo.
Al igual que diversos organismos del sector privado, el IMEF ha presentado propuestas además de insistir en la “urgencia de que el gobierno instrumente apoyos directos, suficientes y oportunos a las empresas para atenuar el impacto sobre el empleo y sobre el bienestar de miles de familias mexicanas”.
Reiteró que el gobierno debe generar condiciones para una rápida recuperación de la economía mexicana de la recesión global y más aún, para generar condiciones mínimas de crecimiento y bienestar durante los próximos años sin acudir de manera importante al endeudamiento o sin deteriorar las finanzas públicas a un nivel que atente contra la estabilidad macroeconómica de México en el mediano plazo.
Asimismo, indicó que para fomentar un crecimiento económico con enfoque social que sea efectivo y sostenible en el largo plazo, que permita la generación de empleos que el país requiere, es necesario promover la participación de todos los sectores de la sociedad trabajando en sincronía y unidos a través de objetivos comunes.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso la implementación de un plan para enfrentar la contingencia económica generada por el COVID-19, proponiendo como principal medida suscribir un gran convenio nacional entre el gobierno, empresarios, trabajadores y el sector social en un lapso de 90 días.
El objetivo es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias, sentar las bases para una recuperación inmediata y evitar que la crisis de liquidez tanto de familias como de empresas se convierta en una crisis de solvencia.
El organismo cúpula considera que ante la pausa a la que está expuesta la economía es necesario que los cobros entre particulares y con el gobierno también se suspendan temporalmente.
Salvavidas a la medida
El plan elaborado por el sector empresarial está pensado en acciones concretas a realizarse en un lapso de tres meses, en los que el CCE asegura que de implementarse cumpliendo los objetivos planteados para cada mes, podrá asegurar la estabilidad económica, social y política necesarias; contar con un buen plan de infraestructura para todo el país; llevar a cabo exportaciones diversificadas y menos concentradas; contar con una posición fiscal sólida, ya que será posible regresar a un nivel de deuda pública del orden de 45 o 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como se venía presentando hasta antes del choque global ocasionado por el COVID-19.
Entre las medidas propuestas para el sector formal el CCE propone generalizar las vacaciones pagadas en los sectores no esenciales y en los sectores críticos como la aviación, turismo y restaurantes, diferir el pago del 100 por ciento de contribuciones a la seguridad social, sin condonación. Además, establecer con fondos públicos un programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada con un enfoque particular a medianas y pequeñas empresas con problemas de liquidez.
En lo que corresponde al sector informal, propone que se otorguen créditos a la palabra mensuales de 25 mil pesos, con el requisito de que a quien se le otorguen se formalice.
Además, plantea que se prepare un agresivo programa de exportaciones a Estados Unidos para sustituir importaciones chinas hacia ese país.
El CCE hizo un cálculo de los efectos que tendría la aplicación o no de este programa y el comportamiento de la economía con o sin medidas de apoyo a familias y pequeñas y medianas empresas.
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