A pesar de que Andrés Manuel López Obrador desde su campaña enarboló como una de sus principales banderas acabar con la corrupción, durante su administración la falta de trasparencia en las compras y contrataciones públicas ha prevalecido.
Las adjudicaciones directas evaden una sana competencia entre distintos proveedores; además, existe opacidad en la información de las adquisiciones hechas por el gobierno, lo que genera un caldo de cultivo para la corrupción. Actualmente ocho de cada 10 contratos siguen siendo entregados sin procesos abiertos ni competidos.
En tres años que lleva la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador se han intensificado las adjudicaciones directas, mientras que en los primeros seis meses de 2021 los contratos públicos hechos por esta vía fueron del orden del 80.6 por ciento y el 35.6 por ciento de sus recursos han sido otorgados por esta vía, lo que representa un total de 74 mil 639 millones de pesos, destaca una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El análisis indica que en un día promedio de 2021, el gobierno entrega 45 contratos por licitación pública y 308 por adjudicación directa, lo que contradice la promesa hecha por el mandatario sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo sobre que las adjudicaciones directas quedarían estrictamente prohibidas.
“Al comparar este sexenio con las cifras previas, es claro que ha venido en ascenso la importancia de las adjudicaciones directas como parte del monto total de contratos del gobierno. En 2020, por primera vez en la historia las adjudicaciones directas entregaron más recursos que cualquier otro mecanismo, con el 43.8 por ciento del total. En lo que va de 2021, la cifra se encuentra en 35.4 por ciento, lo cual ya es superior a los datos de los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña Nieto”, destaca el estudio.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad contabilizó que en los primeros seis meses de este año, se entregaron un total de 69 mil 077 contratos por un monto de 176.9 millones de pesos. De estos, 55 mil 691 contratos (80.6 por ciento) han sido entregados vía adjudicación directa por un total de 74 mil 639 millones de pesos (42.2 por ciento del total).
“La licitación pública, que debería ser el mecanismo más utilizado para entregar los contratos de acuerdo con la ley, ha sido utilizada en 11.9 por ciento de las ocasiones y ha repartido 83 mil 997 millones de pesos (47.5 por ciento del total). En un día promedio de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entrega 308 contratos por adjudicación directa y 45 por licitación pública”.
Enredo para comprar medicamentos
El informe del MCCI explica que la proliferación de los contratos por adjudicación directa puede explicarse porque este mecanismo, a pesar de los riesgos que implica, es mucho más sencillo y rápido de utilizar si se le compara con las múltiples etapas y procedimientos necesarios para realizar una licitación pública.
El caso del actual desabasto de diversos medicamentos es un claro ejemplo de ello, pues la falta de capacidades administrativas de la administración actual, junto con una serie de improvisaciones ampliamente documentadas, han ocasionado múltiples fracasos para adquirir en tiempo y forma diversos medicamentos.
Ante la premura y la emergencia para enfrentar el desabasto de medicamentos, agrega la investigación, las adjudicaciones directas se han utilizado como la salida de emergencia, lo que ha implicado en muchos casos el sobreprecio de los mismos.
La investigación precisa que “al revisar los datos de todos los contratos relacionados con medicinas y productos farmacéuticos de 2021, es notable que 91.5 por ciento de ellos han sido entregados por adjudicación directa por un total de 12,579 millones de pesos (59.2 por ciento del total).
Por otra parte, el estudio indica que entre los contratos relacionados con la COVID-19 en 2020 y 2021, el 96 por ciento se realizó por adjudicación directa.
Opacidad en la publicidad gubernamental
Entre los rubros que mayor opacidad han mostrado, se encuentra el del gasto en publicidad del gobierno, este “es uno de los principales espacios en los que la discrecionalidad con la que pueden asignarse los recursos y los contratos puede tener efectos negativos para la democracia. Ya sea debido al control directo que este dinero puede tener en el funcionamiento de los medios de comunicación o en la autocensura que puede incentivar para evitar incomodar al poder y así no perder la posibilidad de obtener recursos. Precisamente por ello, el presidente López Obrador prometió y presentó nuevos lineamientos en este tema”, destaca el estudio.
Resalta que según los datos oficiales disponibles a pesar de que el gasto total en servicios de comunicación social y publicidad ha disminuido, el porcentaje de estos recursos que ha sido entregado por vía de adjudicación directa ha incrementado. “A pesar de que se gasta menos, una mayor proporción de los recursos se entrega directamente, por lo que el problema de la discrecionalidad en su asignación sigue presente”, subraya.
El estudio compara que mientras en 2018, el 78 por ciento de los contratos se dio de manera directa, para 2020 la cifra se elevó hasta 90 por ciento, y en el primer semestre de 2021 ha llegado hasta 95 por ciento. Sólo tres de cada 100 pesos que el gobierno ha gastado en publicidad este año se licitaron abierta y públicamente, mientras que otros 95 pesos se entregan directamente a las empresas elegidas discrecionalmente y el restante se ha otorgado con invitaciones restringidas.
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