Es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría en derecho por la Universidad de Berkeley, en California.
Con solo 30 años, Luisa María Alcalde Luján será la integrante más joven del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Ocupará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Su carrera política ha despegado en pocos años: ha sido dirigente juvenil del Movimiento de Regeneración Nacional y diputada federal, secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
Además, es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría en derecho por la Universidad de Berkeley, en California.
No tiene experiencia en materia laboral, aunque es hija de Arturo Alcalde Justiniani, un reconocido abogado laboral, que ha asesor legal de diversos sindicatos, entre ellos el del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación; y de universidades como la Autónoma Metropolitana, Iberoamericana, Chapingo y El Colegio de México.
¿Cuáles son sus propuestas?
Elevar el salario mínimo.
Ha sido una bandera de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es duplicarlo en seis años por medio de aumentos responsables y continuos, hasta que llegue a alrededor de 170 pesos. Actualmente el salario mínimo es de 88.36 pesos.
Así lo dijo: “Estamos platicando con diversos sectores productivos y el Banco de México para ver de qué manera poder ir incrementando, progresivamente, el salario mínimo”.
Regular la subcontratación.
De acuerdo con la próxima secretaria del Trabajo no se trata de eliminar el outsourcing sino hacer valer los candados que contempla la ley para evitar abusos. En los últimos años, ha sido política gubernamental “hacerse de la vista gorda” en este tema.
Así lo dijo: “En 2012, Felipe Calderón presentó una iniciativa con la que quiso abrir la puerta de par a la subcontratación. En aquel momento se incluyeron muchos candados que hasta hoy no se cumplen porque desde entonces, la política de estado ha sido hacer la vista gorda (..) Nuestro plan es recuperar la inspección de trabajo y verificar que no haya abusos en la subcontratación. No se trata de eliminarla. Es una figura que se puede comparar con el colesterol: hay bueno y hay malo”.
Eliminar las juntas de conciliación.
El objetivo es que desaparezcan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que sea el Poder Judicial el que se encargue de resolver los temas relacionados con justicia laboral, con lo que los juicios serían más expeditos y se combatiría el “influyentismo” de los gobiernos.
Así lo dijo: “Con la eliminación de las juntas de conciliación, toda la justicia laboral pasará al poder judicial. El problema era que antes, el poder ejecutivo metía mucha mano en la justicia laboral. Donde antes los procesos tardaban hasta cinco años, ahora va ser mucho más expedito”.
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