México no requiere una transformación de golpe, el cambio profundo debe ser paulatino y a través del convencimiento, de la reeducación. De ninguna manera mediante imposición, autoritarismo y división.
En los tres años del actual gobierno federal se han impulsado y aprobado múltiples iniciativas y reformas de ley, conformando diversas políticas públicas y acuerdos presidenciales que ponen en peligro el orden constitucional y el Estado de derecho, por lo cual es necesario dar pasos al frente en materia democrática, aseguró José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Al inaugurar el foro “Acciones para salvaguardar tus derechos, contención al Acuerdo presidencial en materia de obras públicas”, organizado por el observatorio ciudadano Guardianes de la Constitución, que encabeza el sindicato empresarial y conforman diversas organizaciones de la sociedad civil, Medina Mora destacó que a México le costaron vidas convertirse en un país de leyes e instituciones, además de al menos en los últimos 50 años poco a poco los ciudadanos han conquistado con esfuerzo y alzando la voz, la democracia así como una efectiva separación y división de los poderes.
“Pasamos entonces de ser un país donde la voluntad unívoca del presidente de la República era la ley, a un sistema de mayores pesos y contrapesos donde la construcción de los consensos se volvió necesaria y donde el diálogo se convirtió en la herramienta clave”, subrayó.
Medina Mora advirtió que “los mexicanos no queremos dar un solo paso atrás” a este respecto y enfatizó que durante el último proceso electoral la ciudadanía dejó en claro, con sus votos, que no quería que el partido en el poder y sus aliados tuvieran mayoría calificada en la Cámara de Diputados para cambiar a su arbitrio la Constitución, “voluntad que debe ser entendida y respetada”, recalcó.
De igual manera, exigió que el presidente de la República respete el juramento que hizo al asumir el cargo ante el Congreso de la Unión de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
De manera concreta al acuerdo presidencial sobre obras públicas, José Medina Mora sentenció que si bien el país necesita inversión en obras de infraestructura que pongan a México a la vanguardia, estas deben darse en un contexto de respeto a la ley, de transparencia, con cuidado al medio ambiente y respeto a las comunidades.
“Hay cuestiones y proyectos que son de seguridad nacional y requieren ser manejados con discreción, pero ese criterio no debe convertirse en un pretexto ni en un cheque en blanco para atropellar derechos humanos”, subrayó.
Obedecer las reglas
En su intervención, Moisés Castro Pizaña, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), destacó que tanto en el país como a nivel mundial los gobiernos se enfrentan a la tentación de pasar por encima de la Constitución para consolidar sus proyectos políticos, utilizando como argumentos las graves desigualdades sociales, la falta de oportunidades, corrupción, impunidad y malos gobiernos. Aunque pudieran existir coincidencias en el diagnóstico, consideró, no las hay en la forma de atender las carencias.
“La Constitución establece reglas a las que autoridades y gobernados debemos sujetarnos, por ello la importancia de mantener la independencia judicial como pilar fundamental de México; que sirvan los poderes constitucionalmente establecidos para limitar el ejercicio público y, si hay instituciones, leyes, programas o nuevas formas de gobernar, pues habrá que seguir el mismo marco constitucional y legal para ajustar en el camino, siempre respetando los derechos adquiridos de terceros: personas y empresas”, sostuvo.
Tras señalar que el Acuerdo implica la violación del Estado de derecho, se pronunció por trabajar, desde la ANADE en el respeto y cumplimiento de la ley, por el fortalecimiento de un sistema de contrapesos y la existencia de organismos autónomos que resuelvan sobre aspectos técnicos y no sobre necesidades políticas del momento.
Por su parte, Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, reconoció el esfuerzo que realiza la sociedad en defensa del Estado de derecho y la Constitución ante el endurecimiento de “la postura autoritaria del gobierno federal que ya no solo se augura sino que se avecina”.
Consideró que en un contexto histórico en el que los gobiernos han carecido de mesura y han llevado a cabo acciones pasando por encima de las leyes, el actual titular del Poder Ejecutivo no es la excepción, y resaltó su intención de transformar al país “haciendo a un lado las normas que le estorban para que en los tres años que quedan puedan cumplirse sus designios o deseos. Nada más lejos de la verdad jurídica”.
Advirtió que México no requiere una transformación de golpe y el cambio que el presidente quiere para el país “no se puede iniciar desconociendo derechos adquiridos y violando derechos humanos, dividiendo al país entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con su proyecto; el cambio profundo debe de ser paulatino y a través del convencimiento, de la reeducación. De ninguna manera mediante imposición, autoritarismo y división”.
En su turno, Ángel García-Lascuráin Valero, presidente del Consejo Directivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), expresó la profunda preocupación del instituto ante el contenido del acuerdo, del que dijo “la seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes. No pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos, a la seguridad del país, con la evaluación de proyectos de infraestructura cuyo objetivo es el impacto económico y social”.
García-Lascuráin Valero consideró riesgoso privilegiar la velocidad en la ejecución de proyectos por encima de la calidad, e incluso sobre la viabilidad de estos, y señaló que la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos económicos como de seguridad nacional “atentan contra la transparencia, la rendición de cuentas y contra los derechos de los ciudadanos. Ello eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva”.
Tras señalar que el IMEF está a favor de la implementación de políticas públicas que impulsen el desarrollo económico o de protección de la seguridad nacional, exhortó al gobierno federal a reevaluar los riesgos y posibles impactos negativos del acuerdo sobre obras.
En tanto Salma Scarlet Hernández Sánchez, directora de comunicación del Capítulo Universitario Coparmex de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que “el acuerdo impulsado por el Ejecutivo federal para que las obras y proyectos sean considerados de interés público y seguridad nacional sólo puede entenderse como un paso más hacia el autoritarismo”.
Afirmó que los jóvenes están cansados de la corrupción y la mejor manera de combatirla es exponiendo al gobierno y sus decisiones al escrutinio público.
Luego de asegurar que debe ser el presidente el primero en cumplir con lo establecido en la ley, sostuvo que este debe cumplir con su compromiso y proteger los derechos humanos, el medio ambiente e impulsar procedimientos públicos donde haya competencia para las licitaciones y no recurrir tanto a las adjudicaciones directas. “Debe promover y respetar la división de poderes. En pocas palabras, el presidente debe ser el primero que entienda que no puede haber nada ni nadie por encima de la ley”.
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