El debate sobre la posibilidad de legalizar algunas drogas como la marihuana no es nuevo en México; de hecho comenzó en 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando la guerra contra el narco estaba en su apogeo.
El debate de la legalización, que lleva ya muchos años en la agenda política de nuestro país, se reavivó el pasado 9 de octubre, cuando la diputada independiente Lucía Riojas le regalo un cigarro hecho de marihuana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.
Lucía Riojas recordó que en noviembre del año pasado Olga Sánchez había propuesto formalmente una iniciativa de ley para la regulación del uso lúdico de la marihuana en la Cámara de Senadores, además de haberse pronunciado en diferentes ocasiones a favor de que se legalice el enervante.
“Un paso para construir la paz, sólo un paso para construirla, es la legalización el consumo de las drogas, propuesta que usted hizo, así que nada más para cerrar esta intervención en esta comparecencia, y sea usted bienvenida, le traigo un regalo como recordatorio de aquella propuesta que usted hizo al principio, porque ese va a ser el camino que nos ayude a construir la paz”, expuso la diputada independiente.
El periodista José López Zamorano, especialista en temas de seguridad y corresponsal de Notimex en el extranjero, explica que se tiene la idea de que con la legalización de las drogas como la marihuana se reducirán los índices delictivos y de personas detenidas, las cuales, según datos del gobierno mexicano, 62% de personas encarceladas a principios de 2019, estaban detenidas por delitos contra la salud y el 58% de ese número lo está por venta, producción y distribución de la marihuana.
Desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006, hasta la fecha, se tienen contabilizados más de 250 mil muertos; cifra que se ha constituido en el principal argumento de quienes propugnan legalizar la marihuana y algunas otras drogas simples, quienes sostienen que es mejorar la seguridad y terminar con la violencia; sin embargo, López Zamorano asegura que de la mano de la legalización deben ir programas y políticas públicas para prevenir la drogadicción y frenar el consumo de la cannabis.
Lo que se pretende aprobar en las cámaras es que las personas posean hasta 30 gramos de marihuana para uso personal, además de la legalidad de cultivar hasta 20 plantas en su propiedad y producir hasta 480 gramos de enervante cada año. López Zamorano explica que esta iniciativa sobrepasa lo que se aprobó en Washinton, donde se permite cultivar hasta 4 plantas de marihuana.
Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, explica que una de las lecturas claras de la organización, es que el combate frontal al crimen organizado enfocado al tráfico de drogas sólo ha conseguido que aumente la violencia, el número de muertes, la violación a los derechos humanos y, sobre todo, un debilitamiento institucional a nivel estatal.
Por otro lado, López Zamorano explica que en México la legalización tendría un impacto social positivo, diferente al registrado en otros países donde ya se han legalizado el uso recreativo de la marihuana, como Uruguay, Canadá o incluso algunas entidades de Estados Unidos como la capital Washington y California. La razón es que en nuestro país muchos de los detenidos son jornaleros, a quienes la legalización ayudaría económicamente y la seguridad mejoraría en el país, si bien para evitar que se cree un problema de salud pública y drogadicción se deben aplicar políticas públicas que acompañen la legalización.
En los años 20, cuando el alcohol estaba prohibido en los Estados Unidos, existía un ambiente de violencia similar al de la actualidad, y al discutirse los beneficios y los perjuicios, se determinó que la solución no era prohibir el alcohol. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2016 el consumo del alcohol causaba la muerte de 1 de cada 20 habitantes y, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, nuestro país ocupa el séptimo lugar mundial en número de muertes por accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. El dilema estriba en saber si despenalizar otras drogas ayudará realmente a bajar los índices de violencia.
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