Las empresas están más seguras si evalúan, diagnostican, denuncian y cooperan en la prevención del lavado de dinero, aseguró el presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza.
El lavado de dinero dejó de ser una preocupación solo del sector financiero porque las actividades delictivas que rodean esta práctica pueden alcanzar a las empresas generándoles inestabilidad además de representar una amenaza para ellas, por lo que es necesario reconocer los riesgos e implementar sistemas de control para prevenirla, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza.
Al inaugurar el foro “Actualización en temas de Impacto Empresarial de Prevención de Lavado de Dinero”, abundó que las tendencias mundiales apuntan a responsabilizar a las personas jurídicas, además de las personas físicas, en la detección de riesgos y las denuncias de los ilícitos cometidos; por lo que destacó que resaltó la importancia de que los empresarios estén actualizados en la materia.
Dijo que para la Coparmex este tema es de gran relevancia, tan es así que este año se decidió crear la figura de la Consejería Delegada en materia de prevención de lavado de dinero, encabezada por Antonio Barragán Cabral.
Medina Mora afirmó que las empresas están más seguras si evalúan, diagnostican, denuncian y cooperan en la prevención del lavado de dinero. “Lo ideal es que las empresas mexicanas se atrevan a contar con un programa de prevención de lavado de dinero que nos permita contar con la actualización de las disposiciones en la materia y estemos al día respecto a las novedades en los estándares internacionales”, subrayó.
Por su parte, la diputada federal Patricia Terrazas Baca (PAN), integrante de la Comisión de Hacienda, se refirió a los cambios fiscales aprobados recientemente en la Cámara Baja los cuales regirán en 2022, y alertó sobre diversas disposiciones que dejan la puerta abierta para que las autoridades administrativas decidan que se están llevando a cabo conductas delictivas y en los hechos legislen en lugar de sólo administrar.
Resaltó que actualmente las autoridades siguen creyendo que todos van a hacer trampa, por lo que implementan decisiones que afectan a muchos negocios, como ha sucedido en el caso de las facturas que señalan que son apócrifas y fueron emitidas por empresas fantasmas, pretexto que utilizan para cancelar sellos fiscales a muchas empresas.
“Y eso queda en manos de un auditor y muchas veces las personas que están tomando decisiones no tienen capacidad para discernir si es falta de materialidad o simplemente no entiende el tema. Estos temas son de alta especialidad y no hay muchas personas que los entiendan y no hablo sólo de afuera, sino dentro, de la autoridad donde hay gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo”, observó.
Terrazas Baca insistió en que diversas revisiones al cumplimiento fiscal de las empresas deben estar en manos de funcionarios expertos, lo que no siempre sucede, y no sólo eso, sino que además se corre el riesgo de que la información de las compañías puede caer en manos de malhechores.
En tanto, Benjamín Reyes Torres, director de normatividad mercantil de la Secretaría de Economía, explicó la importancia del registro del Beneficiario Final ante la dependencia, así como el uso correcto del Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM).
Mencionó que la mayor complejidad que han tenido en el trámite de inscripción al PSM es que algunas personas firman por otros, es decir que presentan la firma electrónica sin que sea el dueño de la misma, argumentando que se la prestaron o bien que son su representante.
Asimismo, explicó que la Secretaría de Economía tiene participación en los trabajos coordinados por la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera para atender los compromisos internacionales que México ha adquirido en materia de transparencia del “Beneficiario Final” ante diversos organismos y mecanismos internacionales de los cuales es miembro, en particular, el estándar internacional contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Por otro lado, Angélica Ortiz Dorantes, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), dijo que la ley antilavado tiene un impacto importante en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que son las que generan el 72 por ciento de los empleos del país.
Destacó la importancia de que haya capacitación e información para las empresas, y con ello mitigar riesgos, pues el 80 por ciento de las mismas desconocen las obligaciones que deben cumplir, y en su experiencia, indicó, que ha encontrado que muchos empresarios no conocen ni las obligaciones ni los impactos en multas millonarias que pueden tener.
Sobre la propuesta de la ley antilavado que está pendiente de aprobarse en el Senado, Ortiz Dorantes destacó la obligación para las empresas de tener sistemas automatizados para prevenir y detectar el lavado de dinero. En este caso se pronunció por una política de proporcionalidad, es decir que los sistemas que tengan que implementar las empresas sean acordes a su tamaño, para que puedan cumplir con la ley, pero sin una carga administrativa y económica que no puedan soportar.
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