Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, calificó de lamentable que la mayoría de quienes aspiran a una gubernatura desconozcan lo que harían para enfrentar la inseguridad en sus entidades.
A pesar de que el país actualmente padece una elevada violencia e inseguridad, sólo cuatro de los 27 candidatos que contienden por una gubernatura en seis estados del país tienen un plan en la materia, reveló Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Al dar a conocer los resultados del proyecto “Por un México Seguro” que el organismo llevó a cabo entre los aspirantes a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, señaló que la mayoría de los candidatos no presentaron datos confiables sobre el diagnóstico de seguridad de su entidad.
Además, tienen en común que dentro de sus propuestas buscan fortalecer a las instituciones en especial las policías, así como el trabajo colaborativo con la sociedad civil. No obstante, ello responde a una cuestión de deseabilidad social, sin embargo, no queda claro con qué recursos o cómo lograrán subsanar los recortes presupuestales que desde hace tres años ha realizado el Congreso de la Unión.
Asimismo, muestran su intención de hacer más efectiva la procuración de justicia a través de una mayor proporción de personas sentenciadas, de privilegiar la protección de los derechos humanos y de transformar el modelo de reinserción social de la población penitenciaria, pero no señalan cómo ni con qué recursos pueden hacerlo.
Desdén participativo
A pesar de que los 27 candidatos a gobernador fueron invitados a participar en este proyecto, sólo ocho aceptaron, y de estos la mitad completaron los cuestionarios.
Cabe señalar que los aspirantes de Hidalgo y Aguascalientes desdeñaron participar en el ejercicio, en tanto que la entidad con el mayor porcentaje de participación fue Quintana Roo con el 80 por ciento de los candidatos, seguido de Durango con el 67 por ciento, Tamaulipas con el 33 por ciento y Oaxaca con el 14 por ciento.
Sólo Esteban Villegas, de la alianza PRI-PAN-PRD; Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Durango; César Verástegui, de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Tamaulipas; Mara Lezama de la alianza Morena-PT-PVEM-Fuerza por México a la gubernatura de Quintana Roo, concluyeron los 12 cuestionarios que desglosaban sus propuestas en dicha materia.
A este respecto, Francisco Rivas calificó de lamentable que la mayoría de los candidatos no sepa qué va a hacer frente al principal problema del país, ni les interese dialogar con la sociedad.
El proyecto “Por un México Seguro” se ha implementado por el ONC en los procesos electorales de 2018, 2021 y el actual, de acuerdo al director del organismo una de las enseñanzas de este ejercicio es que “los candidatos punteros apuestan a ganar con el apoyo de sus partidos, de grupos de interés e incluso de la delincuencia organizada; rara vez un candidato puntero es transparente y exhibe disposición a la rendición de cuentas acerca de cómo se compromete a resolver los problemas del municipio o entidad que busca gobernar”.
Francisco Rivas lamentó que los partidos políticos estén generando candidatos para quienes presentar propuestas de manera estructurada, conocer de fondo la problemática de seguridad y dialogar con la sociedad civil no sean prioridades, con algunas excepciones como se aprecia en “Por un México Seguro”.
Ante ello, dijo que hoy sigue siendo una aspiración que la construcción de ciudadanía, el nivel de conocimiento, la exigencia y participación ciudadana sean los elementos que nos lleven a ser gobernados por los mejores y más preparados.
Recomendaciones sobre seguridad
De manera general el ONC vertió una serie de recomendaciones en materia de seguridad y de justicia para quienes resulten electos gobernadores en la contienda que tendrá lugar el próximo domingo, entre estas destacan:
Invertir en diagnósticos fiables y actualizados rinde muchos frutos. Sumar a instituciones académicas, organizaciones civiles y cooperación internacional que ya cuenten con diagnósticos de buena calidad puede resolver temas presupuestales y acortar la curva de aprendizaje.
No relegar áreas críticas o de alta complejidad técnica como el lavado de dinero, la trata de personas o la reclusión y reinserción social.
Transversalizar el enfoque de género en su política de seguridad con la finalidad de que sea ad hoc a los riesgos que existen en las entidades federativas.
Es fundamental que contemplen las desapariciones forzadas e involuntarias en su política de seguridad, ya que su rol es crucial para fortalecer las comisiones estatales de búsqueda y los servicios médicos forenses, así como para implementar el marco jurídico en la materia.
No militarizar la seguridad, ya que “la militarización de la seguridad emprendida hace décadas y completamente consumada en el actual sexenio federal ha tenido como efecto aumentar las violaciones graves a derechos humanos sin lograr reducir el control y poder de los grupos de delincuencia organizada. Hay una esperanza en las políticas de seguridad de retomar la reconstrucción institucional civil con la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica. Su éxito dependerá de la capacidad que tengan los gobernadores electos de generar recursos propios para subsanar los recortes presupuestales a nivel federal”.
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