El resultado de las últimas prácticas “democráticas” del régimen político de Andrés Manuel López Obrador y Morena provocará inestabilidad política.
Desde que Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial por el partido de Morena, hizo una serie de promesas; entre ellas, las consultas populares para temas importantes como la cancelación del aeropuerto; también prometió derogar la reforma educativa, impulsar la posibilidad de revocar el mandato presidencial y otras cuestiones.
Una vez que AMLO asumió el poder del Ejecutivo Federal, llevó a cabo las acciones prometidas, y esta semana, en el pleno de la Cámara de Senadores, se aprobó en lo general y en lo particular una reforma de ley en materia de revocación de mandato presidencial, con la cual, cada 4 años habría una consulta democrática para decidir la permanencia del Presidente en su cargo o, en su defecto, la revocación de esa permanencia.
En ese sentido, la doctora María Marván Laborde, exintegrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, explica que la revocación de mandato es una medida de democracia participativa que, por tanto, enfrenta a la democracia representativa.
La consejera electoral asegura que la revocación de mandato podría aplicarse en regímenes parlamentarios como los del Reino Unido o España y no en un régimen presidencial como los de México y Latinoamérica, donde hay no muy buenos antecedentes.
Marván puso como ejemplo la revocación de mandato aplicable a los presidentes municipales de Perú, los cuales por ley se eligen cada 3 años y durante su segundo año de mandato se someten a un referendo revocatorio; por tanto, los presidentes municipales sólo tienen un año para dar resultados y ninguna agenda pública es aplicable en un año.
En el caso de México, respecto a la revocación de mandato aprobada el pasado 15 de octubre en la Cámara de Senadores, María Marván explica que la elección de presidente es cada 6 años y la consulta para saber si el presidente en funciones continúa será cada 4 años.
En ese sentido, Marván explica que entendiendo los tiempos, al tercer año de elección el presidente tendría que estar en campaña para no ser destituido, mientras que al cuarto año, las nuevas elecciones implicarán otro gasto y en caso de que los ciudadanos decidan que no continúe, se creará una gran confución, pues el siguiente presidente podrá serlo por el tiempo restante o por los siguientes 4 años. Todo ello provocaría inestabilidad política.
La consulta ciudadana de Baja California
Siguiendo el ejemplo de AMLO, en Baja California se llevó a cabo una consulta “ciudadana” para decidir si el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla se extendería a 5 años o se quedaría en 2 años, tal como lo establece el decreto 112 del Congreso de Baja California emitido en 2014.
El gobernador electo asegura que los ciudadanos no tenían conocimiento de que se le iba a elegir por 2 años y que, por ende, es necesario reformar la duración del periodo y extenderla a 5 años.
En ese sentido, María Marván utilizó un viejo axioma jurídico aplicable a este acto; “desconocer la ley no exime a nadie de cumplirla” y calificó de antidemocrática la consulta de Baja California, pues se llevó a efecto en zonas elegidas arbitrariamente y sin un padrón electoral oficial.
Sobre la problemática que hay en ese estado, la consejera del INE aseguró que el gobernador electo sabía bien que el tiempo por el que ostentaría el cargo de gobernador sería de 2 años; sin embargo, una vez que ganó la elección, quiere extender el plazo a 5 años.
A la luz de esas decisiones, Marván asegura que la democracia participativa bajo este esquema sólo provocaría una campaña permanente por parte de los que ostentan el poder, e impediría el empoderamiento de los ciudadanos, provocando así inestabilidad política.
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