Los problemas principales para el ejercicio de la libertad de expresión en México son consecuencia de la crisis de seguridad que afecta gravemente al país.
La libertad de expresión en México ha tenido cambios significativos en las últimas décadas, desafortunadamente no todos de forma positiva, debido a que las diferentes administraciones le dan una importancia diferente a esta labor. Y ejercer la libertad de expresión en México es una actividad de alto riesgo para los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, debido a la inseguridad, laboral y social que impera en el país.
Una sociedad democrática requiere de la libertad de expresión, sin ella no existiría información la cual es indispensable para la formación de la opinión pública. Es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada y que no ejerce plenamente sus derechos, no es plenamente libre. En este sentido, tanto los periodistas como los activistas sociales son actores clave para el desarrollo de la democracia, siempre y cuan-do proporcionen información y actúen de manera responsable, apegados a la verdad y sin dejar que un agente externo llegue a manipular su labor; con la cual la sociedad se pueda forjar una opinión propia de los acontecimientos tanto nacionales como internacionales.
Pero ¿qué es la libertad de expresión?
La libertad de expresión es el derecho a pensar y compartir con otras personas ideas, reflexiones y opiniones, es decir, el derecho de dar a conocer tus pensamientos y lo que conoces. Este derecho incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones, por cualquier medio y con personas de cualquier otro país. El derecho a la libertad de expresión no está limitado o condicionado por las fronteras de los países, ya que es un derecho universal.
Nadie tiene derecho a impedir la libertad de expresión, sin importar el nivel de educación, color de piel, raza, género, clase social, el idioma, la religión, ideología política, o cualquier otra condición. Todo eso avalado por leyes nacionales como internacionales presentadas en los artículos 6º y 7º constitucionales; y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Discriminación: artículo 1º constitucional; artículos 4 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La libertad de expresión no se limita a emitir tu opinión a un solo medio, ya que abarca desde los medios tradicionales como lo son la radio y la prensa, hasta llegar a los medios más modernos como los diarios electrónicos y las redes sociales.
Cada país está obligado a respetar la libertad de expresión y no interferir con este derecho, y a garantizar que no existan obstáculos que frenen la libertad de expresión. Desde el 2012 en México existe la ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por medio de la cual el gobierno atiende su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de estos sectores ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, con motivo de ejercer el periodismo.
Además, la libertad de expresión permite acceder a la información gubernamental, es decir, se puede acceder tanto a los documentos que generan las instituciones públicas, como a la información que está en poder de los servidores públicos; esto se conoce como derecho de acceso a la información, siempre y cuando esta no esté restringida por alguna disposición en la ley, como lo son los temas de seguridad nacional.
La libertad de expresión en México
En México, la libertad de expresión está garantizada en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 6 señala: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Mientras que el artículo 7 dice: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.
En nuestro país, cada 7 de junio se celebra el Día de la Libertad de Expresión, el cual fue establecido en 1951, en el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, y en 1976, Luis Echeverría añadió a esta celebración la primera entrega del Premio Nacional de Periodismo a los más destacados miembros de la prensa tradicional, y ahora electrónica, por sus trabajos desarrollados durante el año anterior en los diversos géneros periodísticos.
Por la parte internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es la única agencia dentro del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el mandato de promover la libertad de expresión. Siendo la agencia líder en promover, defender, monitorear y preconizar la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho humano funda-mental a nivel mundial.
Si la libertad de expresión es violada en México, al ser considerada como un derecho humano, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la responsable de promover y proteger estos derechos, y de atender las quejas y dar seguimiento para conseguir una condena en caso de ser necesario, cuando se viola la libertad de expresión en México.
En 1991, la CNDH creó, como un rubro de especial atención, el Programa Especial de Periodistas en virtud de considerarse a los integrantes de este gremio como un grupo vulnerable. Al darse cuenta de las constantes y recurrente violaciones a este sector, a partir de 1993 adquirió el carácter de permanente dentro de la Comisión.
En 1995, el Consejo de la Comisión Nacional consideró necesario ampliar las funciones del Programa Especial de Periodistas e incluir los casos de defensores civiles de derechos humanos que en el desempeño de su labor fueran víctimas de violación a sus derechos humanos.
En mayo de 1997 se creó la Coordinación General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, considerando que ambos sectores en particular, ya que ambos sectores enfrentan grandes riesgos en el desempeño de sus labores.
En enero de 2005 se crea la Quinta Visitaduría General, a la que fue adscrita la Dirección General del Pro-grama de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, con el fin de proporcionar atención personalizada a los colaboradores de los medios de comunicación y miembros de los organismos civiles de derechos humanos. Este programa tiene como principal objetivo atender las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de ambos grupos, procurando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de éstos y adquirieran mayor sensibilidad ante las actividades realiza-das por los periodistas y los defensores civiles.
En 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la Pro-curaduría General de la República. Posteriormente en 2010 se estableció la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). La Fiscalía es responsable de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística. No sólo conocerá sobre delitos cometidos contra periodistas, sino contra todas las personas que ejerzan una labor periodística, a través de un medio de comunicación, a tareas de información o creación de opinión.
Finalmente, como se mencionó, en el 2012 se aprobó la ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de México; la cual tiene por objeto establecer la cooperación entre el gobierno federal y los gobierno estatales para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
Los principales problemas de la libertad de expresión
Los problemas principales para el ejercicio de la libertad de expresión en México están en la crisis de seguridad que afecta gravemente al país y, por lo tanto, a los derechos humanos y la transición, aún inconclusa, de formas de gobierno autoritarias y autocráticas a un sistema democrático de derecho de los distintos niveles de gobierno. Estos dos problemas aparecen de forma reiterada durante las últimas décadas como fuente de amenazas y restricciones para la libertad de expresión.
No es un secreto que México atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su población, resultando en homicidios, desapariciones y torturas entre grupos criminales, civiles y claro los periodistas. Este gremio ha sido el objetivo del crimen organizado y funcionarios corruptos que buscan impunidad para perpetrar actos ilegales; esta situación ha costado la vida a 153 periodistas asesinados y 21 desparecidos en 19 años, de acuerdo con Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la CNDH.
Estas cifras representan una enorme pérdida para el periodismo y la democracia mexicana. Pero no sólo el número es preocupante, ya que más del 95% de los crímenes contra los periodistas permanecen impunes, sin identificación o castigado a los responsables. Por lo que la violencia y la impunidad, constituye la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México.
La delincuencia organizada se ha infiltrado en todo el país, sobre todo aprovechando la falta de comunicación entre los gobiernos locales y federales. Los jefes de la delincuencia organizada y las autoridades corruptas intentan cooptar a periodistas para sus propios fines y coaccionarlos para que difundan información que favorezca a las organizaciones delictivas o perjudique a sus opositores. De no hacerlo son perseguidos, secuestrados y hasta asesinados.
Recordemos que en el 2005, la periodista Lydia Cacho fue acusada de difamación al publicar su libro Los demonios del Edén, en el que exhibía a una red de pederastas entre los que destacaban empresarios y actores políticos de alto nivel. Por lo que uno de los implicados solicitó al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, la aprehensión de la periodista, la cual fue detenida en el estado de Quintana Roo y trasladada a Puebla vía terrestre. En el trayecto fue torturada por elementos policiales.
El peligro del periodismo
Fue a principios del año 2000, cuando iniciaba el sexenio de Vicente Fox Quesada, que se comenzaron a registrar violaciones en contra de los periodistas. En dicho mandato se registraron 25 homicidios, tres desapariciones y 182 quejas por agravios, ataques y amenazas hacia periodistas, siendo el último año de su gestión (2006) el más violento con un total de nueve asesinatos.
De acuerdo con la CNDH, la violencia en contra de los periodistas aumentó significativamente al iniciar la guerra contra el narcotráfico en 2006, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, debido a que los periodistas, por realizar su labor, eran amenazados o extorsionados, y al no dejar de cumplir con su trabajo, eran asesinados. Por su parte, el gobierno no demostró mucho interés por resolver los 52 asesinatos, 15 desapariciones y 522 quejas por agravios, ataques y amenazas hacia periodistas.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya sin guerra contra el narcotráfico, la muerte de los periodistas no disminuyó, al contrario, fue un sexenio con más homicidios de periodistas que los anteriores, al llegar a 59 asesinatos, tres desapariciones y 520 quejas por agravios, ataques y amenazas hacia periodistas.
En el primer año de la actual administración, de diciembre del 2018 a diciembre del 2019 se registraron 13 asesinatos a periodistas, esto bajo un esquema de “abrazos no balazos”, donde se aseguró que la corrupción y la impunidad ya no tendrían cabida en el gobierno. Sin embargo, se tuvo el mismo número de asesinatos que en el peor año (2016) del sexenio del Peña Nieto.
En lo que va del 2020 se han registrado 4 asesinatos a periodistas, lo que vuelve a México uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio del periodismo. La organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Frontera (RSF), situó al país en el sitio 144 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019.
En el 2018, ocho periodistas en México fueron asesinados y fue el segundo país con mayor número de periodistas asesinatos, sólo por debajo de Afganistán (14), país que se encuentra en constantes conflictos armados. Además de que 99.3% de los asesinatos de periodistas no fue investigado de manera exhaustiva, imparcial y objetiva.
La organización internacional RSF calificó a México como “patria de los cárteles de la droga”. Indicó que si los periodistas cubren temas relacionados con el crimen organizado o la corrupción de las autoridades (sobre todo en los gobiernos locales), son víctimas de intimidaciones y corren el riesgo de ser asesinados.
Organismos internacionales
Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, organización internacional no gubernamental, presentó el informe anual de dicha organización, “Disonancia: voces en disputa”, en el que se indicó que aumentaron en casi 100% las agresiones contra periodistas respecto a 2013, el primer año del sexenio anterior. Ya que se registraron 609 agresiones contra periodistas, de las cuales, 10 fueron asesinatos, lo que a su vez significó un aumento del 12% en comparación con el 2018.
Informó que más del 99% de los crímenes contra periodistas siguen sin una resolución y, de 1,614 casos en trámite desde la creación de la FEADLE, sólo se han logrado 14 sentencias, en su mayoría en contra de los autores materiales de la agresión, sin lograr vincular a quienes dieron la orden de realizar el crimen.
La directora puntualizó que en 2019 hubo nuevas amenazas en contra de los medios que surgieron a través de la estigmatización del trabajo periodístico desde el Poder Ejecutivo. Consideró que el presidente utilizó su palabra como un instrumento y un arma de gobierno, neutralizando o anulando a cual-quiera que busque cuestionar su gobierno. Confundió la resistencia de sus adversarios, con la racionalidad de aquellos que buscaban entender e informar sobre las acciones de su gobierno y la situación del país.
Mencionó que la pandemia del COVID-19 confirmó que no existe la voluntad o la intención por parte de los gobiernos federal y estatales por hacer que la libertad de expresión se garantice a través de una verdadera política de Estado.
Al contrario, acusan que tanto los gobernadores, como los alcaldes y ciertos funcionarios públicos continúan aplicando la censura para controlar la información que se le brinda a la sociedad. Lo anterior se lo logra mediante la amenaza físicas, políticas, económicas y jurídicas, en contra de los periodistas y los medios de comunicación.
A pesar de las alertas que la organización Artículo 19 emitió sobre el incremento de la violencia en contra de la prensa en Ciudad de México y Quintana Roo, no hubo acción para revertir estos casos. Y las autoridades de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz siguen sin realizar acciones que garanticen la seguridad de los periodistas, ya que siguen siendo los estados más violentos para el periodismo.
Respecto a las agresiones en Ciudad de México, informó que, a raíz de la estigmatización proveniente desde la conferencia matutina del Ejecutivo, el 15% del total de las agresiones sucedieron contra los periodistas que cubren la fuente presidencial. Ya que las conferencias matutinas del presidente son una estrategia de comunicación social utilizada como herramienta de posicionamiento dentro del debate público y un acto intencional de monopolizar la conversación pública.
Por su parte otra organización internación apartidista Amnistía Internacional denunció que las acciones de diversos gobiernos locales ponen en riesgo la libertad de expresión.
Por ejemplo, en 2019 en el estado de Tabasco, los diputados locales aprobaron una reforma que criminaliza las manifestaciones públicas. En donde se establecieron cumplir tiempo en prisión si se realizan actos que busquen oponerse a algún proyecto u obra pública o privada y también por realizar cierres de calles y otras vías de comunicación.
La reforma permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que podrían afectar a la ciudadanía, y dejarían a la ciudadanía sin la posibilidad de manifestarse en contra de ellos. Lo que es una clara violación a la libertad de expresión. Además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica.
La organización indicó que este tipo de reformas son utilizadas para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos. Como ejemplo, lo ocurrido en 2016, cuando el gobierno federal criminalizó a manifestantes pacíficos que se opusieron a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, en el estado de Puebla. Actualmente, la CFE está usando dicha acusación penal para intentar forzar a la comunidad a aceptar la obra pública.
La censura de los medios de comunicación
Desde que inició la actual administración contamos con una conferencia de prensa de lunes a viernes denominada como “la mañanera”, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a rendir cuentas al pueblo día a día. Con lo que él considera que es la máxima apertura del gobierno a brindar información. Pero, lo anterior está muy lejos de la verdad, a pesar de salir a ser cuestionado por los diferentes medios de comunicación que asisten, las respuestas a preguntas concretas siempre son en extremo ambiguas. Por lo general si se hace una pregunta que incomode al mandatario él responde contar con otros datos, los cuales nunca son mostrados o no se dice dónde provienen; desestima el tema de forma inmediata, o empieza a hablar de otro tema que no tiene nada que ver la pregunta original, con el fin de distraer la atención y ganar tiempo para no tener que responder.
Vale la pena el recordar que López Obrador descalifica constantemente a los medios de comunicación que no le favorecen usando motes como “fifís”, “neoliberales” o “vendidos” y asegurando que sólo quieren desacreditar a la 4T (Cuarta Transformación). De igual manera, repite que ningún otro gobierno ha sido tan criticado como el suyo, ya que constantemente se le preguntan por temas que para la mayoría no tiene razón de ser, como la Refinería Dos Bocas en Tabasco o la deforestación de la selva en el sur del país para la construcción del Tren Maya.
Aunado a que programas y periodistas críticos del gobierno actual han salido del aire, es importante señalar que jamás han acusado un tema de censura puntual por parte del gobierno, sin embargo, el que el periodista Carlos Loret de Mola haya salido de Televisa tras laborar ahí por 18 años sin ninguna razón aparente puede dejar las cosas a la imaginación. O el caso de Víctor Trujillo, mejor conocido como “Brozo”, tras llevar por varios años al aire con el programa radiofónico “El Mañanero”, sin más explicación dijo adiós al pro-grama.
Por otra parte, hace pocas semanas un grupo de 667 científicos, periodistas, académicos y activistas emitieron un comunicado para denunciar la amenaza que representa el presidente de México para el ejercicio de la libertad de expresión. Y le pidieron que dejara de atacar a los medios de comunicación que no simpatizan con él y su gobierno. Afirmaron que utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios.
Aseguraron que se ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo; ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia; ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha reducido los presupuestos de los organismos autónomos; ha tratado de humillar al poder judicial; ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas, y que vulnera la libertad de expresión.
Por su parte, el presidente aseveró que no existe la censura en su gobierno, como sí ocurría antes con los gobiernos anteriores. Señaló que antes sí había represalia y censura, pero que hoy no se persigue a nadie, no hay represión, se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas, y que es importante que exista la oposición porque así es la democracia. Es claro que la táctica ha cambiado, no se censura activa-mente desde el gobierno, pero sí se “echa a la jauría” al periodista incómodo desde el escenario de Palacio Nacional para que los ciegamente leales lo destrocen en redes, principalmente.
Claramente la sociedad hoy está más dividida que nunca, los que se arrepienten de haber dado su voto de confianza a la actual administración y quienes continúan pensando que las cosas en México están mejor que nunca. En este escenario, es responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas el brindar información veraz y de calidad desde las diferentes ópticas para que la ciudadanía pueda forjarse una opinión propia basada en información que realmente abone a su criterio.
Para que lo anterior ocurra, es indispensable que se respeten los derechos humanos, y es claro que la represión de estos por parte del gobierno es un constante temor al menos en un sector de la sociedad. Las actitudes de descalificación por parte del Ejecutivo a medios de comunicación o a situaciones de gran interés e importancia dejan un mal sabor de boca. El hecho de que no se tomen en cuenta las exigencias de la ciudadanía en temas tan importantes como la violencia en contra de las mujeres y los constantes asesina-tos que ocurren el país, hacen que la sociedad se pregunte si realmente se están garantizado sus derechos y eso, además, genera una desconfianza total hacia las acciones (o inacciones) de la actual administración.
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